Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte sobre restricciones al pluralismo político y el cierre del espacio cívico en Nicaragua.
Han pasado ocho años desde que las calles de Managua y otras ciudades nicaragüenses se llenaran de protestas que cambiaron para siempre el rumbo político del país.
Aquel estallido social de 2018 marcó el inicio de una crisis que, lejos de ceder, parece haberse consolidado con el tiempo, según revela un nuevo informe presentado ante uno de los organismos más importantes de Naciones Unidas.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este lunes que la situación de las libertades fundamentales en Nicaragua es cada vez más preocupante y que la represión ha alcanzado todos los sectores de la sociedad.
La organización presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que abarca el periodo comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, en el que concluye que ya no existe pluralismo político ni en las instituciones nacionales ni en el ámbito local. Además: Nicaragua cambia las reglas del poder con reforma que deja fuera a los opositores
Un control absoluto sin voces disidentes
La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, presentó ante las delegaciones de los Estados miembros una cifra que resume el nivel de control institucional alcanzado por el Gobierno nicaragüense: en el periodo estudiado, ninguna de las 185 votaciones registradas en la Asamblea Nacional tuvo un solo voto disidente.
Nicaragua no estuvo presente en la sesión, país que, al igual que Estados Unidos e Israel, abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2025.
Esa misma dinámica se repite a nivel local, donde el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país, señaló Kohonen ante los representantes internacionales. Lea también: Daniel Ortega asesta golpe a la democracia en Nicaragua: “Aquí no volverá a haber elecciones”
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Según explicó, estos signos de represión son el resultado de un silenciamiento sistemático de opositores y críticos, acompañado de reformas institucionales como la aprobada el año pasado, que subordinó los órganos de control del Estado y otorgó a la Presidencia la facultad de nombrar directamente al Procurador General de Justicia.
La funcionaria advirtió que la más reciente reforma constitucional, propuesta y aprobada el 1 de septiembre, profundiza esta tendencia al incorporar prohibiciones amplias de participación política, con el objetivo declarado de excluir aún más a los sectores opositores del país. Lea también: Caso UNGRD: Interpol no reactivará circular roja contra Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua
El cierre del espacio cívico y religioso
Kohonen también expuso ante el Consejo el cierre prácticamente total del espacio cívico en Nicaragua, un fenómeno que se traduce en 56 medios de comunicación clausurados y 5.539 organizaciones civiles canceladas desde el inicio de la crisis en 2018.
Ese mismo patrón de hostigamiento se ha extendido al ámbito religioso, con diversos incidentes contra miembros de la Iglesia católica que han obligado a numerosos líderes eclesiásticos a abandonar el país.
Más de la mitad de las diócesis católicas permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares, subrayó la funcionaria de la ONU, quien agregó que su oficina ha documentado al menos 35 casos de detenciones arbitrarias durante los doce meses que cubre el informe. Además: Escándalo en embajada en Nicaragua: Carlos Ramón González captado de rumba mientras sigue prófugo
Uno de los hallazgos que la representante calificó como especialmente alarmante fue el incremento de muertes de personas detenidas bajo custodia del Estado, con al menos cuatro casos denunciados entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026.
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Entre ellos se encuentra el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, cuyo caso se suma a la lista de denuncias que organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos años sobre las condiciones de reclusión en el país centroamericano.
Al cierre de su intervención, Kohonen reiteró el llamado de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk para que Nicaragua libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión que han sido documentadas de manera sistemática y reanude su cooperación con los mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos, una petición que hasta ahora no ha encontrado respuesta por parte del Gobierno de Managua.
