Al-arma en Brasil
En un país como Brasil, el más grande de América Latina, que conquistó el récord mundial de cerca de 64.000 homicidios en 2017, la flexibilización en el porte de armas de fuego avalada por el gobierno de Jair Bolsonaro, podría ‘disparar’ la violencia armada.
La política de “armas para todos”, una de las promesas de campaña de Bolsonaro, que lo catapultó a la Presidencia de Brasil, le ha valido críticas y cuestionamientos sobre la pertinencia y la conveniencia de ‘armar’ a la población civil de un país que se ha acostumbrando a matar, que ha naturalizado los homicidios.
El ultraderechista presidente, un excapitán del Ejército que saluda a sus partidarios haciendo el símbolo de pistolas con las manos y simpatizante de la controvertida Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, argumenta que con su decreto solo busca “garantizar el derecho a la legítima defensa”.
En cambio, sus detractores, entre ellos grupos defensores de los derechos civiles, expertos en seguridad y habitantes de barrios asolados por la violencia y la delincuencia organizada, se muestran preocupados por una medida de esta naturaleza.
En líneas generales, el decreto firmado el mes pasado, autoriza a que cualquier ciudadano de 25 años en adelante, sin antecedentes penales, podrá tener hasta cuatro armas con espacio de hasta 10 años, someterse a un examen psicológico y realizar un curso en un club de tiro.
La idea de tener que armar a los ciudadanos porque el Estado no los puede proteger, habla muy mal del Estado que está promoviendo ese tipo de políticas, advierte Catalina Miranda, analista en defensa y seguridad.
Según ella, son políticas que no resuelven nada y por el contrario, pueden desbordar una situación de criminalidad y violencia que ya se presenta en un país como Brasil.
Lo anterior teniendo en cuenta que Brasil tiene un promedio anual de 43.000 asesinatos, 70% de ellos cometidos con armas de fuego.
“La solución para que la ciudadanía se proteja no es armarla, sino que el Estado proporcione las condiciones necesarias para que la gente no tenga que defenderse por su propia cuenta”, sostiene.
En ese orden de ideas, la experta Miranda insiste en que en ningún momento un estado social de derecho debe ceder el legítimo uso de la defensa y de la violencia a la población civil.
Andrés Peña, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, se muestra contrario a este tipo de medidas y considera que el tema se debe abordar como un problema estructural de seguridad.
“Es un mirada retrógrada la de entender la seguridad de una manera estática, el problema de la seguridad humana, que no solo es física, sino colectiva, y de estilos de vida humana”, enfatiza.
“Tapar el sol con un dedo”
Peña explica que en Brasil el problema es que las tasas de homicidios son muy elevadas, razón por la cual pretender que una flexibilización en el porte de armas, entendida como un mecanismo de defensa personal, sería como “tapar el sol con un dedo”.
Se trata, agrega, de un problema estructural, donde hay que analizar otras variables, tales como las causas de los homicidios, las condiciones en las que estos ocurren, así como a las víctimas y los victimarios. En otras palabras, atender problemas sociales con políticas públicas robustas.
Miranda concuerda con ese planteamiento, quien dice que también hay que mirar factores asociados a la violencia, los cuales están ligados a una cultura de ilegalidad, tomando como referencia el caso de las favelas de Río de Janeiro.
Recuerda que en 2017, en las favelas empezaron a intervenir los cuerpos militares en reemplazo de la Policía, lo que considera un “grave error”, porque si bien fue una medida que buscaba contrarrestar la criminalidad, no ha permitido cambios estructurales en la sociedad.
La decisión del entonces presidente Michel Temer generó una fuerte polémica ante la violación de derechos humanos, ya que los militares cuentan con carta blanca para registrar las favelas, donde reside el 24% de la población de Río. Es más, muchos habitantes de estas zonas populares han muerto en operaciones confusas y controvertidas.
Desde la perspectiva de Peña, este tipo de decisiones de suavizar el porte y el uso de armas entre los civiles, antes que solucionar, empeora la situación en Brasil, que no ha logrado encontrar formas efectivas de detener la violencia criminal.
Tampoco no hay que descartar que no existe control alguno a los flujos ilegales en el tráfico de armas de fuego, alerta Miranda.
Se estima que al menos 2 millones de armas circulan en ese país. Además, pese a las leyes, las armas se obtienen con facilidad en Brasil. Los que más ostentan con ellas, son los traficantes de drogas en los barrios pobres. Y muchas armas adquiridas legalmente son robadas a personal policial o militar.
Control adecuado
No obstante, Viviana Manrique, profesora externa de la Universidad del Rosario, tiene una lectura muy distinta del asunto.
En su criterio, pensar que más armas generan más violencia no es del todo cierto, porque argumenta que lo que realmente se busca con este tipo de medidas es que se tenga un control adecuado de las mismas.
Es decir, que se sepa de dónde provienen, que sean legales, registradas y que permitan trazabilidad en su ejecución, pues permitirán un control cuando hay altas cifras de violencia armada, anota.
Y adicionalmente, hay un “efecto persuasivo”, en la medida en que “cuando hay un uso de armas controlado, la delincuencia también disminuye, es decir, cuando la población tiene un arma legalizada y registrada, y también hay armas en control y monopolio del Estado, en este mismo sentido, disminuye la violencia”.
Le puede interesar: Brasil: se mueve de izquierda a derecha
Noticias relacionadas:
Periodista de Vanguardia desde 1996. Egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Editora de la sección de Tendencias y Vanguardia Kids. Editora nocturna.
acastro@vanguardia.com