La Iglesia exige una “revisión imparcial” del informe sobre abusos de religiosos en España

El documento, dado a conocer el pasado octubre, asegura, además, que 236.000 víctimas de esos abusos podrían haberlo sido directamente de sacerdotes o religiosos.

El obispo Juan José Omella negó hoy la “veracidad y fiabilidad” de la encuesta realizada por el Defensor del Pueblo para llevar a cabo su informe y apuntó la necesidad de corregir “cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”.

Lo hizo al inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra estos días en Madrid, ante la que reconoció que el documento elaborado por el órgano estatal “ha llenado de tristeza” a los representantes de la Iglesia en España.

Según Omella, desde la CEE se ha revisado la encuesta y “francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad” de los resultados.

A juicio de los obispos, en el informe del Defensor, “lo único contrastado” es que se recogieron “373 testimonios que se refieren a 487 víctimas”.

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El presidente de los obispos españoles aseguró que “de ninguna manera” pretenden buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad como institución, y expresó “la vergüenza y la pesadumbre” causadas por los abusos, al tiempo que pidió perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas “execrables acciones”.

Igualmente reiteró su compromiso con la lucha contra toda clase de abusos, pero indicó que “permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia”.