Han sido varios años en los que la ciudadanía ha discutido el tema del cobro de parqueaderos por minuto, y han sido varios años en los que los gobernantes de turno han dicho que van a actuar. Si bien es cierto que Jaime Andrés Beltrán, durante su tiempo como alcalde, promulgó el Decreto 029 de 2024 por medio del cual se estableció la obligatoriedad del cobro por fracción en los primeros 15 minutos, el abismo del minuto 16 sigue siendo una carga muy difícil de llevar, no solo porque al final es una trampa contable, sino también, porque muchas veces quien termina pagando una hora completa o una hora de más, es aquel que tuvo que esperar una larga fila para poder salir y ver como en su tiquete le cobran hasta cinco mil pesos por un minuto adicional.
Ese Decreto, como muchos otros en el país, tuvo una falencia que debe ser enmendada con la mayor prontitud posible, y es que la concertación sólo se hizo con los representantes de los parqueaderos, olvidando llamar a la mesa a los usuarios, que son en últimas quienes ponen la plata. Esta situación se repite diariamente en los centros comerciales, gracias a una categorización especial que desde 1.999 los ha mantenido con una libertad tarifaria que los beneficia, enfrentada al bien común si se tiene en cuenta que estos son los lugares donde más parquean los ciudadanos.
La normatividad en gran parte de Santander está mal diseñada porque la lógica funciona a favor del operador y no del usuario, ya que si este quisiera quejarse del cobro, el reclamo debe llevarlo a las alcaldías con el tiquete ya cancelado y el carro afuera, porque no existe un QR, una app o una línea de atención a los ciudadanos. El costo de denunciar supera el valor cobrado, y eso va en contra del consumidor.
El debate debe volverse a dar al interior de los concejos municipales para transformar la arquitectura tarifaria que responda a la gente, y ayudar con eso al desorden vial que vive la ciudad.
