Nada tan arbitrario como las fronteras de una nación moderna, en buena medida determinadas, conforme al principio jurídico uti posidetis de 1810, por los términos de las jurisdicciones provinciales del siglo XVI. El caso de Pamplona, de este lado, y san Cristóbal del Táchira, del otro lado, es emblemático de esas arbitrariedades.
En 1560 un procurador del cabildo de Pamplona pidió al cabildo poblar “una villeta de cristianos” en el valle de Santiago, camino hacia Mérida de Maracaibo, donde existían algunos grupos de aborígenes que podrían ser repartidos en encomiendas a su vecindario. Como en ese entonces el rey de Castilla favorecía los nuevos poblamientos de españoles para reforzar el dominio sobre los indios, dando incluso instrucciones para hacerlo correctamente, la Real Audiencia de Santafé autorizó al capitán Juan Maldonado, vecino de Pamplona, para poblar esa villeta nueva, advirtiendo que lo hiciera dentro de los términos de Pamplona para que fuese sufragánea suya.
El capitán Maldonado fue en su caballo a cumplir la misión, acompañado de algunos cristianos españoles interesados en poblarse en el valle de Santiago. La llamó san Cristóbal y le puso sus términos en el río de los cúcutas, que hoy llamamos Táchira.
Pero metió la pata con una acción no política: nombrar un nuevo cabildo para esa villeta. En vez de sufragánea, san Cristóbal nació autónoma de los pamploneses. El procurador del cabildo de Pamplona puso el grito en el cielo, y el pleito se fue a la Real Audiencia.
Nada se pudo hacer, y en adelante la provincia de Pamplona solo llegó al río Táchira, porque los merideños se atrajeron a su colegio a los jóvenes de san Cristóbal.
Como siglos después Mérida fue incorporada a la Real Audiencia de Caracas, san Cristóbal se fue con ella. Y así fue como, cuando se disolvió la primera República de Colombia en 1830, vino el coronel Piñango con sus llaneros a pararse en el río Táchira para decir: “aquí comienza Venezuela”.
Tal fue el tamaño del error del capitán Maldonado, como el procurador Gutierre de Orduña, el 9 de abril de 1561, denunció ante los alcaldes ordinarios de Pamplona.
