Hace 25 años, el mundo asistió con impotencia una de las peores matanzas en la historia reciente. Qué lecciones ha dejado este suceso para que no se repita
Casi el 11% de la población de Ruanda fue masacrada en tan solo 100 días en 1994. Entre 500 mil y un millón de personas, en su mayoría de la etnia tutsi, fueron asesinadas durante los casi cuatro meses posteriores a la muerte del presidente del país, Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue derribado cuando sobrevolaba la capital.
Este oscuro episodio de la historia de Ruanda y de África, ha quedado grabado en la mente de la comunidad internacional, como un recordatorio constante de una tragedia que no se debe repetir en el mundo. Además, hay que extraer de ella lecciones que permitan avanzar en términos de justicia, verdad, prevención y castigo.
Sin embargo, un cuarto de siglo después, las cicatrices del genocidio del 94 siguen abiertas, mientras el país africano procura construir unidad y trabajar en la reconciliación.
Actualmente, el Gobierno de Paul Kagame, en el poder desde 2000, lucha por reconstruir un país agobiado por la peor matanza étnica de la historia reciente, y por resarcir a sus víctimas.
Pero la tarea no es fácil. Víctor de Currea-Lugo, experto en conflicto, explica que en la mayoría de conflictos queda un remanente de agendas pendientes y tiene que ver mucho con el proceso de posconflicto o de posacuerdo.
En el caso de Ruanda, recuerda que se produce el asesinato masivo y sistemático de los tutsis y la tensión con los hutus permanece aún.
“Hay una desconfianza histórica, que aunque hay quienes dicen que se ha superado, otros afirman que eso no es cierto”, comenta De Currea-Lugo.
En su opinión, no solo persisten los problemas de desigualdad social que alimentaron parte del genocidio, sino además, sigue sin resolverse el problema de la agenda de la propiedad de la tierra, que precisamente fue una de las causas de la matanza en Ruanda, excolonia belga en África Oriental.
La historia de rivalidad entre tutsis y hutus, que provenía en parte de una organización colonial que favoreció el ascenso en el escalafón social de los primeros (minoría en el país), causó enfrentamientos y rivalidades. El detonante fue el asesinato de Habyarimana (de la etnia hutu).
Con el genocidio en Ruanda, agrega, se hizo un ejercicio de justicia transicional por parte de la comunidad internacional, “pero profundamente burocrático, criticado por lo costoso y lento”.
Se crearon también unos tribunales populares (Gacaca) en 2001, pero con ese modelo se cometieron muchos errores, convirtiéndose en un espacio de venganza que generó un cierre en falso de algunas dinámicas locales, describe el experto en conflicto.
En tanto, en noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Tpir), el primero en dar un veredicto por el delito de genocidio con 61 sentencias en total, mientras los tribunales nacionales han emitido cerca de 5.000.
Aunque De Currea-Lugo califica el caso de Ruanda como el “nunca más” (never again) por parte de la comunidad internacional, considera que 10 años después, el mundo contempló en 2004 el conflicto en Darfur, la violencia étnica por parte del gobierno sudanés contra la población no árabe.
Según él, “la comunidad internacional no aprendió” la lección, y hoy contemplamos prácticas genocidas como caso de Siria y Yemen; la comunidad internacional no reacciona”.
Carlos Andrés Pérez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de La Universidad de La Salle, observa que aún el papel de la comunidad internacional sigue estando en entredicho al referirse a Ruanda.
Divisiones políticas
Si bien existen las mismas instituciones que operaron en ese entonces, como el Consejo de Seguridad de la ONU y Naciones Unidas, para que no se repitan matanzas como la de Ruanda, insiste en que “al final del día, la postura política y la división que existe a nivel internacional sigue prevaleciendo ante los intereses de las poblaciones que son afectadas”.
Luego de lo de Ruanda y la antigua Yugoslavia, recuerda que el Consejo de Seguridad de la ONU empezó a trabajar en 2000 en el concepto de “responsabilidad de proteger”, donde en casos muy específicos en los que se quieran promover las limpiezas étnicas o demonizar a la población, y que el Estado no tenga la capacidad de contrarrestarlos, la comunidad internacional pueda actuar al respecto, incluso haciendo el uso de la fuerza.
Y para la muestra un botón. Cita lo que pasó en 2017 en Myanmar, que tras décadas de discriminación y persecución a la comunidad rohingya, mayoritariamente musulmana, por parte del Estado, más de 700.000 personas huyeron al vecino Bangladesh luego de una campaña de limpieza étnica emprendida por los militares.
“Es un discurso de odio que se estaba presentando en Myanmar, es decir, no estamos alejados de lo que pasó hace 25 años en Ruanda”, se lamenta el experto.
Ahora bien, la pregunta que se formula Pérez es “¿estamos entonces ahora ante un tema de intervención netamente selectivo, y cuáles son esos criterios que está utilizando la comunidad internacional para saber si entra o no a un país?”.
Por último, advierte otros ejemplos que han venido ocurriendo en el mundo y ponen el dedo en la llaga, como lo que pasa actualmente en Libia o Yemen.
