Resulta profundamente desmoralizante constatar la forma en que se ha pervertido la aplicación de la normatividad en nuestro país.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros celebró el pasado jueves el Foro Corrupción en Colombia: propuestas desde la ingeniería para enfrentarla – Corresponsabilidad y transparencia. Esta iniciativa debería tener eco en los congresos o asambleas gremiales y profesionales que con frecuencia se llevan a cabo en el país. La afectación que se le ocasiona a las personas cuyas vidas y posibilidades de subsistencia y promoción se sacrifican, la grave lesión al desarrollo nacional y el profundo agrietamiento social que provoca el extravío de los recursos públicos ameritan primordial preocupación.
Tuvo especial relevancia la intervención de nuestro colega Jesús Rodrigo Fernández, quien de manera persistente y en solitario ha prevenido situaciones y denunciado hechos que no han merecido la debida acción por parte de los entes de control y de justicia. Su lucha por la implementación de pliegos tipo en las licitaciones públicas ha sido bien recibida. Su delación sobre la proliferación de sociedades de economía mixta que cumplen funciones de “contrataderos” para evadir las restricciones legales demanda medidas efectivas de las autoridades correspondientes.
Resulta profundamente desmoralizante constatar la forma en que se ha pervertido la aplicación de la normatividad en nuestro país. Figuras como la declaratoria de urgencia manifiesta, el estado de emergencia o la creación de organismos que se ocupen de la atención de desastres, lejos de garantizar la presencia oportuna y eficiente del Estado, se han convertido en instrumentos expeditos para adueñarse de los fondos oficiales. Los convenios interadministrativos, concebidos para que instituciones especializadas acometieran compromisos de otras entidades públicas, con su propia experticia y organización, se han transformado en un medio para hacer contrataciones con terceros sin sujeción a la ley, confirmando el dicho popular: “hecha la ley, hecha la trampa”.
Es probable, como se exploró en el foro, la necesidad del endurecimiento de las leyes de contratación estatal. No obstante, no debemos perder de vista que nada funcionará hasta que se logre una administración ágil y efectiva de la justicia. Le asiste razón al ingeniero Marco Tulio Arellano cuando advierte que el comportamiento nacional está condicionado por el individualismo, el oportunismo y la preponderancia de hegemonías, y regido por la vigencia de creencias que se arraigan en el materialismo y las circunstancias de conveniencia particular. Urge formar a los ciudadanos en valores y principios fundados en la convivencia y la responsabilidad social, desde la crianza; que los gremios y organizaciones adopten criterios de conducta y desempeño que constituyan un pacto inquebrantable; y se reestructuren los planes de estudio para que sea posible comprometer el ser, compartir el tener y ejercer el poder con vocación de beneficio común.
