Pensar Ciudad es, entonces, cuestionar los modelos extractivos que no promueven un ciclo virtuoso de reinversión. Un urbanismo comprometido debe exigir que los ingresos recaudados por peajes se traduzcan en un desarrollo coherente.
La concesión de peajes, con sus múltiples capas de promesas y recaudación, plantea una paradoja urbanística que atraviesa tanto la teoría como la praxis. En principio, el peaje es un mecanismo que permitiría un flujo constante de ingresos destinado a la mejora de la infraestructura vial. Sin embargo, la práctica concesionaria evidencia una fractura: a menudo, los recursos obtenidos no retornan a la vía ni a su entorno. Se cae así en una contradicción estructural donde los peajes representan ingresos, pero las mejoras prometidas quedan en el plano discursivo, desligándose de las urgencias urbanísticas.
En el contexto del urbanismo y la infraestructura, esta lógica tiene consecuencias profundas. Un análisis crítico nos lleva a ver el peaje como una barrera, más que un puente, una fractura en la cohesión del espacio. Las concesiones privadas, en lugar de mejorar la conectividad, terminan consolidando espacios de exclusión territorial, al impedir el desarrollo integral de las áreas adyacentes. Se establece un ciclo económico que agota los recursos de los usuarios sin devolver beneficios tangibles. Este modelo de explotación desvincula al concesionario de cualquier corresponsabilidad real con el territorio, reduciendo el espacio urbano a un recurso transaccional en lugar de un lugar de pertenencia y desarrollo equitativo.
En contextos como el de Los Santos, es necesario repensar el rol de las concesiones bajo un análisis más pragmático que evalúe la relación entre infraestructura, rentabilidad y cohesión urbana. Un verdadero urbanismo exige que cualquier inversión privada en infraestructura se mida no solo por su capacidad de recaudo, sino también por su contribución al tejido urbano y territorial. Así, la concesión ideal debería funcionar como un catalizador que integre desarrollo local y fortalezca los vínculos comunitarios, no como un obstáculo.
Pensar Ciudad es, entonces, cuestionar los modelos extractivos que no promueven un ciclo virtuoso de reinversión. Un urbanismo comprometido debe exigir que los ingresos recaudados por peajes se traduzcan en un desarrollo coherente. Debe entender la infraestructura no como un objeto mercantil sino como un eje articulador, donde el valor urbano trasciende la utilidad económica, integrando el peaje en un proyecto inclusivo y de desarrollo.
