Si bien algunos países cuestionan la legitimidad del proceso electoral bajo el chavismo, otros optan por el silencio o la ambigüedad, priorizando intereses económicos sobre derechos fundamentales.
El 10 de enero de 2025 es una fecha decisiva para Venezuela y, por extensión, para toda América Latina. Esta jornada marcará la asunción del presidente elegido democráticamente por los venezolanos para los próximos seis años. Edmundo González y su movimiento obtuvieron una clara victoria en las urnas, y el régimen de Nicolás Maduro sigue respondiendo con amenazas de cárcel y acusaciones de conspiración.
La reciente gira internacional de González ha puesto de manifiesto las tensiones que atraviesa la región. Tras reunirse con líderes de Argentina y Uruguay, y en camino a un encuentro con el presidente Joe Biden, el objetivo es claro: asegurar el respaldo internacional al mandato que le fue conferido por más de siete millones de venezolanos. Sin embargo, la comunidad internacional está dividida. Si bien algunos países cuestionan la legitimidad del proceso electoral bajo el chavismo, otros optan por el silencio o la ambigüedad, priorizando intereses económicos sobre derechos fundamentales.
En este contexto, Colombia juega un papel crucial. La postura del gobierno colombiano sobre si enviar o no un delegado a la posesión de Maduro ha generado un intenso debate. Pero más allá de la diplomacia, preocupa el impacto humanitario. En los primeros ocho meses de 2024, el ingreso de venezolanos al país aumentó un 40%, una situación que ya ha desbordado las capacidades de regiones como Norte de Santander y La Guajira, y la migración irregular se ha disparado también en San Andrés y Providencia.
Con una inflación que supera los dos dígitos y una devaluación de más del 30% desde julio del año pasado, muchos venezolanos ven en la migración su única salida si no se concreta el cambio político esperado. Por ello, la posibilidad de una nueva avalancha migratoria a partir del 10 de enero es un asunto para el que autoridades nacionales y locales deben prepararse. Según estudios de opinión, cuatro de cada diez venezolanos contemplarían abandonar el país si Edmundo González no asume la presidencia. Ante este escenario, es evidente que Colombia sería uno de los países más afectados. Este fenómeno requiere desde aumentar los recursos para atender la problemática, hasta coordinar acciones con otros gobiernos y agencias internacionales para aliviar la presión migratoria en las zonas fronterizas.
El 10 de enero no solo representa un dilema político para Venezuela, sino un reto para la solidaridad y la democracia en América Latina. Ignorar las demandas de cambio de millones de personas sería perpetuar una crisis que trasciende fronteras. Como afirmó Churchill, la democracia es imperfecta, pero sigue siendo la mejor forma de gobierno que conocemos. Defenderla no es solo una obligación de los venezolanos, sino de todos los que creemos en la libertad y los derechos humanos.
