Es muy grave que el Congreso de la República en lugar de cumplir su deber constitucional de discutir y legislar alrededor de las reformas que los ciudadanos vienen proponiendo desde mucho antes de este gobierno, se comporte como un muro de contención al servicio de partidos.
De manera general la miopía significa cortedad de miras. Y esto es justamente, lo que sucede con las elites políticas y empresariales colombianas. Los partidos tradicionales y los gremios comerciales y empresariales del país parecen sufrir una suerte de miopía política.
Lo digo, porque no ven o no quieren ver, que después del Acuerdo de Paz de 2016, lo que los ciudadanos y en particular los jóvenes están pidiendo es empleo digno, salud, educación gratuita y de calidad e incluso equidad tributaria. Algo que ya venía pasando en otros países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina o México, que también sufrían los estragos de la desigualdad agravados por más de treinta años de neoliberalismo.
Esas demandas por reformas sociales que aquí no encontraron respuestas en el establecimiento y que se hicieron más apremiantes con la pandemia, fueron las razones de las protestas de 2021 y de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022.
Por eso es muy grave que el Congreso de la República en lugar de cumplir su deber constitucional de discutir y legislar alrededor de las reformas que los ciudadanos vienen proponiendo desde mucho antes de este gobierno, se comporte como un muro de contención al servicio de partidos que representan principalmente el interés de sus “jefes naturales” o de lobistas empresariales.
Ante este bloqueo institucional, el ejercicio de una ciudadanía que vaya más allá del voto y que de acuerdo con el modelo de democracia participativa consagrado por nuestra Constitución de 1991, establece mecanismos como la consulta popular, es una alternativa no solo viable y legítima sino necesaria para revitalizar nuestra democracia.
En su miopía el establecimiento colombiano no solo se está poniendo a lo que vienen pidiendo los ciudadanos que son el poder supremo en una democracia y que con o sin Petro en la presidencia, seguirán exigiendo políticas públicas de justicia social; sino que al negarse tramitar por las vías del poder constituido medidas para enfrentar la grave crisis de la salud producto de la ley 100 de 1993 o devolver los derechos a los trabajadores que el uribismo les quitó con la Ley 789 de 2002, está llevando el debate a las calles y a las plazas que como vimos el martes, les están dando la espalda. Por ahí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
