Este discurso contra los empresarios no es un hecho aislado; va de la mano de un proceso acelerado de desinstitucionalización del Estado. Se desprecia el criterio técnico, se persigue a quienes piensan diferente y se debilita la independencia de los organismos de control.
En un país como Colombia, en el que la pobreza persiste y el desempleo castiga con especial crudeza a los más jóvenes, resulta inverosímil que el gobierno decida atacar al único motor capaz de generar empleo, inversión y bienestar: las empresas. La satanización sistemática del sector privado no solo ha deteriorado la confianza del empresariado, sino que ha erosionado la base misma de la productividad nacional. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos no hay impuestos para financiar los programas sociales que tanto pregona el presidente.
Este discurso contra los empresarios no es un hecho aislado; va de la mano de un proceso acelerado de desinstitucionalización del Estado. Se desprecia el criterio técnico, se persigue a quienes piensan diferente y se debilita la independencia de los organismos de control. Con un Estado sin contrapesos ni reglas claras, nadie quiere arriesgar su capital. Los inversionistas —nacionales y extranjeros— simplemente se van, y con ellos, se van las oportunidades.
La política exterior, errática y basada en una ideología fanática, ha aislado a Colombia de sus aliados tradicionales. La ruptura de relaciones estratégicas y el acercamiento a regímenes autoritarios profundizan la desconfianza de los mercados y afectan la cooperación internacional.
Mientras tanto, sectores clave de la economía como los hidrocarburos, la construcción y la infraestructura enfrentan un retroceso sin precedentes. La parálisis en proyectos, la incertidumbre jurídica y la falta de ejecución se traducen en menos crecimiento, menos empleo y más pobreza. Y ni hablar del reciente fichaje en la ANLA; ¿qué futuro tendrán los proyectos estratégicos del país con una líder cuya recomendación es decrecer la economía?
Y como si fuera poco, el Estado ha cedido el control territorial a grupos armados que hoy extorsionan, reclutan y asesinan con total impunidad. El fracaso de la “paz total” ha puesto en jaque la seguridad y ha agravado el panorama económico. ¿Quién invierte en un país que ataca a los empresarios y premia a los criminales?
Cada mala decisión del gobierno alimenta otra. La hostilidad hacia las empresas genera desempleo, que se traduce en más pobreza, lo que justifica más gasto público, el cual no puede financiarse sin crecimiento. Se destruyen las instituciones, se aíslan los mercados, se abandona el territorio, y el círculo se repite.
Los colombianos – en especial los trabajadores – debemos ser conscientes de la importancia de las empresas y las instituciones para garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Falta poco para que nuestro país recupere su rumbo, lejos de Gustavo Petro y su círculo vicioso.
