Los días 17 y 18 de abril, Barcelona fue sede de la llamada Global Progressive Mobilisation, convocada por las principales redes del socialismo y del progresismo internacional. Su propósito declarado fue articular una respuesta frente a la derecha y la extrema derecha, y levantar una agenda común en nombre de la democracia. No habría nada más legítimo que una reunión de militantes políticos decididos a defender las instituciones democráticas, si no fuera porque esa defensa se confunde con la pretensión de hablar en nombre exclusivo de la democracia misma.
La declaración final de la cumbre no presenta la democracia como un espacio de construcción entre visiones distintas, sino como el calificativo que debe recibir su sensibilidad política. Allí se habla de objetivos plausibles como igualdad, multilateralismo, justicia social, derechos y paz, bajo la convicción de que las “fuerzas progresistas del mundo” encarnan una disyuntiva frente a un “movimiento reaccionario internacional”. En esa lógica, el pluralismo queda reducido. La discrepancia deja de ser un componente natural de la democracia y se convierte, con facilidad, en una incómoda perturbación.
Lo inquietante no es, por supuesto, que el progresismo se organice. Lo inaceptable es que tienda a identificar sus propias convicciones con la democracia en abstracto. Cuando una corriente política empieza a considerar que el desempeño democrático coincide sin fisuras con su programa, comienza a administrarla desde una superioridad moral que empobrece el disenso.
Ese abuso no es ajeno a Colombia. Iván Cepeda, hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, se presenta como defensor de los valores democráticos y ha hablado de construir un “acuerdo nacional” desde la Presidencia. Al mismo tiempo, no excluye una eventual Asamblea Nacional Constituyente, si llegara a surgir un acuerdo mínimo para impulsarla. Su convocatoria dentro de la legalidad formal es perfectamente válida, pero no la lógica que la sustenta. Cuando el candidato se reserva para sí la capacidad de decidir qué acuerdo es aceptable, la democracia deja de ser una construcción compartida y empieza a convertirse en patrimonio doctrinario. Actitud que también deja traslucir al intentar excluir del debate nacional a los candidatos del centro político porque “mi problema es con la derecha”.
La izquierda internacional suele mostrarse inflexible frente a los excesos de la derecha radical, pero indulgente con sus propios desarreglos. Esa asimetría moral reaparece en Barcelona y resuena en la política colombiana. La democracia no es lo que una facción considera virtuoso. Es lo que una sociedad construye con instituciones, límites, contrapesos y libertad de disentir. Quien pretende ser su intérprete exclusivo no la está ampliando. Empieza, más bien, a domesticarla y a practicar la hegemonía que tanto pretende combatir.
