La segunda vuelta presidencial en Colombia se debate en un radicalismo que exacerba los ánimos y ensancha las grietas de la polarización. El lenguaje agresivo de los extremos —el continuismo progresista y la derecha que promete orden arrasando con el adversario— busca señalar un enemigo que eliminar. Pareciera que pretendiéramos revivir la Guerra de los Mil Días, ignorando la búsqueda de soluciones urgentes a los problemas reales que agobian al país.
Si bien es innegable la inmensa desigualdad en el campo y la periferia urbana, la realidad nacional no encaja en el dogma marxista de una lucha fratricida entre “opresores y oprimidos”. En Colombia, la rigidez conceptual entre un capitalismo industrializado y el comunismo clásico es inaplicable debido a nuestra profunda pobreza estructural; no se puede distribuir lo que no se ha construido ni regular un mercado corporativo inexistente en la informalidad. Carecemos del desarrollo industrial que fundamentó esa teoría decimonónica; aplicar ese libreto en pleno siglo XXI es un anacronismo peligroso que desconoce el potencial de nuestras abundantes riquezas materiales.
Colombia posee recursos inmensos, pero la ceguera ideológica se niega a explotarlos por un prejuicio contra el beneficio económico. Los cambios sociales se logran con prosperidad, y esta solo surge aprovechando los recursos existentes. Como bien señalaba William Ospina, el ciudadano necesita dinero en el bolsillo, y para ello el país debe producir. La salud, el empleo y la educación pública requieren sostenibilidad, no un “comunismo limosnero” que pretende repartir subsidios sin generar riqueza o sobre la base del endeudamiento desbordado.
Resulta incoherente asfixiar a empresarios, ganaderos y comerciantes mientras se tolera la opulencia ilegal del narcotráfico. Perpetuar la narrativa de guerrilleros contra paramilitares es la mayor insensatez contemporánea. Sobre ese pasado nefasto, y con voluntad política, se debe emprender una transformación económica incluyente. Podemos compartir el mismo territorio si priorizamos políticas de Estado sobre los caprichos ideológicos de los gobiernos de turno.
Nuestro modelo no puede ser el comunismo soviético que colapsó en 1991 ni el “socialismo del siglo XXI” de Hugo Chávez y Evo Morales, pero tampoco un neoliberalismo a ultranza. La salida requiere una gobernanza diferenciada que reconozca las complejidades de nuestras regiones para construir una gobernabilidad legítima.
El próximo 21 de junio, el país no debe elegir desde el pavor o el resentimiento. La encrucijada no es entre dos hombres ni entre dos extremos radicales; la verdadera elección es entre el continuismo de la polarización o la defensa rigurosa de la Constitución de 1991. Superar la crisis exige votar por la estabilidad institucional, el respeto a las reglas del juego y la sensatez económica. Solo bajo el amparo de nuestra Carta Política podremos desactivar el odio y garantizar el progreso que las mayorías reclaman.
