Quienes hemos dedicado nuestra vida a liderar organizaciones al servicio de la sociedad entendemos una realidad fundamental: los gobiernos cambian, las instituciones permanecen. Su deber es actuar firmes en sus principios, cumplir su misión y servir a los ciudadanos, independientemente de quién ejerza el poder.
Sin embargo, en medio de la actual contienda electoral, llama la atención la facilidad con la que se emiten juicios sobre personas e instituciones. Una reunión, una fotografía o la participación en un espacio de discusión suelen bastar para construir conclusiones apresuradas y atribuir afinidades políticas que no existen.
Esta dinámica va más allá de interpretaciones equivocadas. Cuando cualquier interacción se lee exclusivamente desde una lógica política, se limita la posibilidad de aprovechar el conocimiento, la experiencia y la diversidad de perspectivas que el país necesita para enfrentar sus desafíos. Las mejores soluciones rara vez surgen de una sola visión; nacen del diálogo entre distintos sectores y de la capacidad de construir consensos.
Esa ha sido precisamente la razón de nuestra participación en distintos escenarios de discusión sobre el futuro del sistema colombiano. Durante el actual gobierno, por ejemplo, hicimos parte de espacios de concertación en torno a la reforma a la salud, dedicando más de cien horas de trabajo a la búsqueda de acuerdos entre actores con posiciones diversas. Participar en estos ejercicios no significa respaldar una corriente política; significa asumir la responsabilidad de aportar cuando están en juego decisiones que impactan la vida de millones de personas.
La construcción de políticas públicas exige esa disposición al diálogo. Escuchar, debatir y proponer no son actos de militancia; son expresiones de compromiso con el interés general. Cuando estos planos se confunden, se debilitan los espacios que permiten encontrar soluciones reales a problemas complejos.
En una democracia, además, las personas y las instituciones cumplen roles distintos. Cada ciudadano tiene el derecho de formar sus convicciones y ejercer libremente su voto. Las instituciones, por su parte, tienen la responsabilidad de respetar esa diversidad, preservar su independencia y actuar con autonomía frente a cualquier interés político o electoral.
Ese ha sido el principio que ha guiado a la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) durante más de cuatro décadas. Nunca hemos promovido candidaturas ni hemos orientado decisiones electorales. Nuestra razón de ser no es representar intereses políticos, sino servir a los pacientes, impulsar el conocimiento y contribuir al bienestar.
Este compromiso nos ha permitido trabajar con distintos gobiernos y lo seguiremos haciendo. Nuestra misión no depende de ideologías, partidos ni coyunturas; responde a un propósito permanente: aportar al desarrollo de la salud, la ciencia y la innovación al servicio de la vida.
