Estuve leyendo esta semana un documento que, generosamente, me compartió un reconocido concejal de la ciudad. Realmente, en medio del ruido electoral, ese documento pasó casi desapercibido. Se llama ‘Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia’, y lo suscriben más de 30 académicos, investigadores y exfuncionarios que han dedicado sus carreras a entender por qué Colombia no logra doblarle el brazo a la violencia. Vale la pena detenerse en él.
El diagnóstico que presentan es muy interesante. Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio regional de 17,6 y del global de 5,6. Las cárceles operan con casi un 29 % de hacinamiento y los centros de detención transitoria superan el 140 % de su capacidad. El crimen organizado no solo delinque; construye ejércitos, ejerce control territorial y disputa la legitimidad del Estado ante las comunidades. Y el Estado, dicen los firmantes con una franqueza que se agradece, se demoró en adaptarse.
El documento propone una hoja de ruta clara en sus principios: seguridad democrática sin autoritarismo, inteligencia sin improvisación, resultados sin populismo punitivo. Firmeza para someter a quien no acepta otra salida y disposición para negociar con quien es posible negociar. Nada de esto es nuevo en el debate académico colombiano. Y ahí, precisamente, está el problema.
En Colombia no sufrimos de escasez de diagnósticos. Tenemos universidades de primer nivel, centros de pensamiento, investigadores reconocidos internacionalmente y una acumulación institucional que pocos países de la región pueden igualar. Lo dice el propio documento: tenemos el conocimiento de las amenazas, los aliados y la experiencia. Lo que ha faltado, sistemáticamente, es la voluntad de traducir ese conocimiento en decisiones políticas sostenidas que sobrevivan los cambios de gobierno.
Cada cuatro años Colombia reinventa su política de seguridad. Un gobierno llega con la paz total, el siguiente llegará con mano dura, y así el péndulo oscila mientras las comunidades más vulnerables siguen pagando el costo de esa improvisación.
La declaración es un llamado al próximo gobierno, al Congreso y a las instituciones para que esta vez sea diferente. Para que la discusión sobre seguridad y justicia sea técnica, serena e informada, y no otro escenario de confrontación política.
Es un llamado necesario. Es un buen documento de consulta que podré compartir igualmente. Ojalá tenga la difusión necesaria.
