El colapso del sistema ya es palpable y el shu-shu-shu de Petro funcionó. Veamos: las quejas del sistema casi se han duplicado al pasar de 170.000 en 2023 a más de 310.000 en 2024, y las tutelas ya llegaron a 265.000, con un incremento del 34 %, y en los últimos dos años del 70 %.
Entró a consideración de la Comisión 7.ª del Senado el proyecto de reforma de la salud después de su aprobación a pupitrazo limpio y sin aval fiscal, en la plenaria de Cámara. Esperemos que dicha comisión no vacile en negarlo por segunda vez, como lo hicieron con la nefasta reforma laboral.
Desde el inicio de este gobierno se ha generado un consenso en cuanto a que esta reforma no resuelve ningún problema, sino que agrava la situación al eliminar el aseguramiento, fragmentar los niveles de atención y desarticular el agenciamiento del paciente. Por causa del nuevo modelo se crearán barreras de acceso y se afectará la cobertura.
El colapso del sistema ya es palpable y el shu-shu-shu de Petro funcionó. Veamos: las quejas del sistema casi se han duplicado al pasar de 170.000 en 2023 a más de 310.000 en 2024, y las tutelas ya llegaron a 265.000, con un incremento del 34 %, y en los últimos dos años del 70 %.
La siniestralidad está en 104 %, sin incluir el gasto administrativo ni información de Nueva EPS, que dejó de reportar cifras. Y en parte por esto y por el no pago de las deudas, el deterioro financiero del Sistema es abismal.
Pero lo más relevante hoy es sin duda la crisis de medicamentos y la vulgar estrategia del Gobierno por ocultarlo y repartir culpas y responsabilidades a quienes nada tienen que ver. Tan solo entre enero y febrero los reclamos se elevaron en un 35 %. La realidad es que los pacientes sí podrían decir, y con toda razón, “nos están matando”.
Desde 2022, las EPS alertaron sobre la escasez de más de 1.200 medicamentos y principios activos. Se reportó, entre muchos otros, desabastecimiento de radiofármacos para el diagnóstico de cáncer y VIH. En 2023 se agravó la escasez para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tuberculosis y salud mental.
Ese año se hizo más crítica la escasez para el tratamiento de enfermedades también crónicas y de alto costo. Con corte a febrero de 2025, el Invima acumula 15.482 trámites de medicamentos pendientes.
Y por supuesto, los más afectados son las personas de menores recursos que no tienen manera alguna de comprarlos y deben esperar 3 meses o más para obtenerlos.
Todos nos preguntamos: ¿por qué no giran los recursos para atender las deudas pendientes? ¿Por qué no actualizan la UPC a su valor real? ¿Por qué no dan cumplimiento a los autos de la Corte? La respuesta no puede ser otra que todo obedece a un plan perfectamente diseñado y ejecutado para destruir el sistema de salud existente.
P. D. Petro miente nuevamente cuando atribuye la crisis del sistema a la familia Vargas Lleras, que según él creó la Nueva EPS. Nada más falso, cuando esta se fundó en 2007, gobierno Uribe, donde se asociaron el Estado y las cajas de compensación familiar. Ya el Consejo de Estado ha ordenado a Petro en dos ocasiones retractarse de esta infamia. No lo ha hecho ni lo hará porque ese es su talante, irrespetar a la justicia y sus fallos. Pero esto es lo de menos. Lo grave es que por cuenta de la ideología y de su ansia desmedida de poder están en peligro miles de ciudadanos sin acceso a los servicios mínimos de salud y a los medicamentos que disfrutaron por más de 30 años, gracias un sistema que fue orgullo de Colombia y ejemplo para muchos otros países y que es lo que ahora están destruyendo.
