La maternidad subrogada es un tema incómodo para algunos, pero esperanzador para otros. Ese debate aún se encuentra en el limbo de lo que aún no hemos querido entender como sociedad.
En una reciente decisión, el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre los contratos de maternidad subrogada y afirmó que, al ser remunerado ese negocio, “(…) se acordó un pago por la gestación de un ser humano, lo que es contrario a la moral y las buenas costumbres (…)” según algunos artículos del Código Civil.
El argumento es poderoso en su forma, pero controversial en su fondo. En palabras sencillas, pagar para “producir” seres humanos es contrario a la moralidad. Y el debate entre qué es moral o qué es inmoral no lo resolveremos en esta columna, pero ¿quién define lo que es contrario a las buenas costumbres o a la moralidad en una sociedad de constante cambio? O mejor aún, ¿dónde trazamos la línea entre proteger principios y limitar libertades?
Hace no mucho tiempo, proponer la legalización de la marihuana era un exabrupto, incluso una afrenta a la moral pública. Hoy día, en Colombia y en otras latitudes, el uso medicinal y recreativo ya no escandaliza a tantos. Y la razón es sencilla pero contundente; el paso del tiempo transforma los tabúes en debates legítimos, y esos debates, indefectiblemente, crean derechos.
La maternidad subrogada es un tema incómodo para algunos, pero esperanzador para otros. Ese debate aún se encuentra en el limbo de lo que aún no hemos querido entender como sociedad. Es cierto que no puede mercantilizarse la vida humana, pero también es cierto que la imposibilidad biológica de tener hijos no debería ser una condena irreversible para quienes desean formar una familia. El deseo de ser padres no puede reprocharse simplemente por el hecho de recurrir a un vientre solidario o, en algunos casos, compensado económicamente.
Hoy la discusión no puede quedarse en el campo de la moralidad. Es necesario regularlo humana y urgentemente. La realidad es una sola; esos contratos existen, esos niños nacen y esas familias se forman. Ignorar esa verdad jurídica no solo es un acto de hipocresía sino una irresponsabilidad del Congreso de la República que aún no ha legislado sobre un fenómeno que está entre nosotros.
Además, el pronunciamiento del Tribunal abre preguntas muy interesantes: ¿Qué ocurre si la mujer gestante decide no entregar el bebé? ¿Qué ocurre si la mujer gestante decide acogerse a su derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo? ¿O si, durante el embarazo, incurre en conductas que afectan la salud del feto? Lo cierto es que estas preguntas no las responde nuestro Código Civil del año 1873.
Negar esta realidad no evita sus consecuencias. Y la verdad es que el futuro exige menos juicios y más comprensión. Pero, sobre todo, leyes que regulen el diario vivir de los ciudadanos.
