El Decreto 054 de 2025, expedido por la Alcaldía de Bogotá, convierte la obligación tributaria de los grandes contribuyentes en una palanca de desarrollo urbano. Quien registre ingresos anuales superiores a 33.610 UVT —unos $1.600 millones— puede extinguir sus impuestos distritales ejecutando directamente obras de trascendencia social e importancia estratégica.
Este es un cambio de paradigma: el sector privado deja de ser solo fuente de recaudo y se convierte en ejecutor de espacio público, infraestructura educativa o sistemas de movilidad que el Estado no alcanza a financiar a tiempo ni con suficiencia.
El modelo ofrece dos mecanismos. El primero —y único habilitado por ahora— es la firma de convenios entre el contribuyente y la entidad distrital. Allí, la empresa asume el riesgo técnico y financiero del proyecto, bajo supervisión pública, y recibe Títulos para la Renovación del Territorio Distrital (TRTD) equivalentes al valor certificado de la obra. La segunda opción, aún en reglamentación, será un esquema fiduciario que permita a empresas sin experiencia constructiva financiar obras a través de una fiducia encargada de ejecutarlas.
Ambos caminos tienen límites claros: el compromiso no puede superar el 30 % del patrimonio contable de la empresa, y esta debe cubrir también los costos de estudios, imprevistos e interventoría.
El Decreto tiene tres virtudes evidentes. Primero, velocidad: los proyectos avanzan al ritmo del sector privado, no del presupuesto público. Segundo, transparencia: los límites patrimoniales y la fiducia garantizan el control técnico y financiero. Tercero, liquidez: los TRTD son negociables durante dos años, lo que activa un mercado secundario de inversión urbana.
Pero también enfrenta desafíos. Las entidades deben diseñar un Manual Operativo (MOMOI) en seis meses, sin línea base clara ni estándares de costos. Si no se alinea con el Plan de Ordenamiento Territorial, podría incentivar intervenciones dispersas. Además, la participación ciudadana es limitada: la Mesa Técnica tiene voz institucional, pero no comunitaria.
¿Por qué debería importar esto en Bucaramanga y su área metropolitana? Porque comparte un rezago aún mayor: más de 50.000 viviendas en déficit, POTs desactualizados y cero generación de espacio público, todo ocasionado por la falta de capacidad técnica para estructurar proyectos.
Adoptar el modelo bogotano permitiría a las cuatro alcaldías liberar recursos, exigir corresponsabilidad a las constructoras y, de paso, transformar tugurios en barrios con parques, andenes y colegios.
La pelota está en los concejos municipales. Ellos podrían habilitar un esquema similar mediante un acuerdo metropolitano que fije criterios de elegibilidad, cupos anuales y un banco público de proyectos. Así, pasaríamos de la retórica sobre “prospectiva” a una agenda concreta de obras pagadas con impuestos que ya existen.
El Decreto 054 no es una rareza local, sino un prototipo de financiación híbrida que cualquier ciudad puede adaptar. Es hora de convertir los impuestos en ciudad.
