Durante varios días, el presidente Gustavo Petro anunció que revelaría las supuestas pruebas del fraude electoral. Generó expectativa, aseguró que la noche del 20 de julio el país conocería evidencias irrefutables y hasta afirmó que las redes sociales se llenarían de demostraciones sobre la manipulación de las elecciones.
No presentó una sola prueba. Todo terminó siendo una nueva farsa.
En lugar de demostrar el supuesto fraude, volvió a repetir argumentos que el registrador nacional, Hernán Penagos, ha desmentido una y otra vez.
Penagos ha explicado que el sistema electoral colombiano es manual. Los votos se cuentan físicamente en cada mesa y el escrutinio oficial se realiza con las actas originales en papel, bajo la supervisión de jueces electorales, testigos y representantes de los partidos. No existe un algoritmo que determine el resultado de las elecciones.
También ha recordado que las imágenes de los formularios E-14 publicadas en internet son únicamente para consulta ciudadana. El resultado oficial nunca depende de esos archivos digitales, sino de las actas físicas originales. Además, cada mesa produce tres copias del E-14 para verificar la información durante el escrutinio.
En todas sus respuestas, Penagos ha sido categórico: el supuesto fraude electoral no es más que una narrativa política construida sin una sola prueba.
Hay otro detalle revelador. Petro aseguró que las redes sociales se llenarían de pruebas del supuesto fraude. No ocurrió. Y, como si eso fuera poco, ni siquiera Iván Cepeda, uno de los principales promotores de esa teoría, salió a respaldarla en sus redes sociales.
Lo más fácil sería ignorar este tipo de declaraciones. Sin embargo, hacerlo sería un grave error. Aunque a muchos nos sorprenda, todavía hay un sector importante de colombianos que respalda a Gustavo Petro y le cree. Por eso no se puede minimizar el impacto de sus palabras. Petro sabe que, si repite una mentira una y otra vez, terminará siendo aceptada como verdad por muchas personas, siguiendo la conocida tesis de Goebbels: repetir una mentira suficientes veces la convierte en verdad. Y eso tiene consecuencias muy graves: debilita la confianza en las instituciones, rompe la relación entre el ciudadano y el Estado, lleva a muchos a creer que las vías de hecho son un camino legítimo cuando las decisiones institucionales no les gustan, profundiza la polarización y desincentiva el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Por eso no podemos normalizar la mentira como forma de hacer política. Al final, el precio de esa estrategia lo termina pagando todo el país.
Y las consecuencias ya empiezan a verse. El mismo 20 de julio un grupo de desadaptados tumbó la tarima donde se encontraba la prensa.
Este discurso también tiene un propósito político. Petro sabe que su tiempo en el poder se está acabando y necesita desviar la atención de los escándalos de corrupción que cercan a su gobierno y de su propia incapacidad para gobernar.
Inventar fraudes desde la Presidencia para manipular a la opinión pública y sabotear las instituciones no es hacer política; es jugar con fuego. La democracia colombiana resistirá a los farsantes, pero el costo de sembrar tanta desconfianza institucional lo terminamos pagando todos los ciudadanos.
