Un problema endémico que sufre Santander es la falta de planificación de proyectos que, como Metrolínea, han terminado convertidos en obras inconclusas o con resultados muy inferiores a los esperados. A este listado hay que sumar el Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM), que conectaría Piedecuesta y Girón y que, según ha señalado el gobernador Juvenal Díaz Mateus, fue contratado por la administración anterior con errores desde su concepción y proyección y, lo más grave, sin una financiación suficiente.
Es un hecho que el proyecto requiere nuevas fuentes de recursos, especialmente ante la reestructuración de sus diseños iniciales. Entre las alternativas aparece la valorización, instrumento utilizado en el país y, a su vez, controversial en la región, si tenemos en cuenta precedentes como el cobro de la construcción del PAR VIAL 54 en Bucaramanga, que, a la fecha, no presenta avances.
Para comprender su naturaleza, debe precisarse que la valorización no es un impuesto, sino una contribución especial que recae sobre propietarios y poseedores de inmuebles beneficiados por una obra pública, mediante un método técnico de distribución que considera factores como área, accesibilidad, capacidad de pago, grado de beneficio, uso y avalúo.
Aunque para el AVEM el cobro lo realizaría la Gobernación y no los municipios, en Piedecuesta los contribuyentes vienen soportando importantes incrementos del impuesto predial durante los últimos años y su capacidad de pago es limitada. Existe una preocupación legítima que se une a los cuestionamientos sobre la consistencia de la información catastral, particularmente en los avalúos rurales, cuya actualización ha generado controversias en casi 11 mil predios. Si la información no refleja adecuadamente actividades productivas, zonas protegidas y clasificación de usos del suelo, ¿cómo determinar con rigor el beneficio y cuánto debería pagar cada propietario por valorización?
A lo anterior se suma que el AVEM no puede entenderse únicamente como una obra vial. Su desarrollo debe articularse con un modelo de planeación que ordene el territorio alrededor de corredores viales y sistemas de transporte, proyectando vivienda, industria y equipamientos. Según los artículos 271 y 285 de la Ley 2294 de 2023, cuando exista cofinanciación nacional es una obligación considerar criterios de Desarrollo Orientado al Transporte, con implicaciones para los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y el esquema asociativo. Esto podría generar nuevos valores del suelo y oportunidades de financiación mediante instrumentos como la captura de valor.
El Anillo Vial Externo debe ser el proyecto que cambie el paradigma de la planeación en Santander y, para ello, antes de cobrar, hay que planificar el territorio, actualizar los planes de ordenamiento y depurar la información catastral, y así, los propietarios beneficiados con gusto pagarán la valorización.
