Según datos de la consultora INVAMER y del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, la principal preocupación de los bumangueses es la inseguridad y la violencia, con un 47,5 % según la medición de abril de 2025. Esta cifra se encuentra muy por encima de otros problemas estructurales como el desempleo y la corrupción, lo cual evidencia la sensación de zozobra que se vive en una ciudad que, durante los años 2024 y 2025, ha registrado una de las tasas de homicidios más altas de los últimos 15 años. Este panorama ha generado consecuencias tangibles en el comportamiento ciudadano, orientadas a protegerse de la actividad criminal, con un elevado costo social y económico.
Con el propósito de ofrecer una mirada holística a la principal problemática de la región —que no solo amenaza la vida, sino también la posibilidad de vivirla con dignidad— he tomado como referencia los datos sobre los costos de la violencia en Latinoamérica, según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, y los he cotejado con información del Área Metropolitana de Bucaramanga con el objetivo de determinar un aproximado de la pérdida de capacidad económica que están enfrentando los ciudadanos metropolitanos a causa de la inseguridad, que, sumada a la informalidad, y la crisis de movilidad, actúa como un detonante de la inflación y la precarización.
En ese orden de ideas, partiendo de una estimación del PIB del Área Metropolitana de Bucaramanga de 35,8 billones de pesos, y aplicando las proporciones del estudio citado, se concluye que el costo social del crimen en la región —que incluye los costos de victimización e indirectos — asciende a 171.840 millones de pesos. El gasto total en seguridad para prevención del delito —tanto del sector público como del privado— se estima en 537.000 millones de pesos. Por su parte, el gasto en seguridad que debería asumir el gobierno metropolitano alcanzaría los 519.100 millones de pesos. En conjunto, estos rubros arrojan un costo total de la violencia para Bucaramanga del orden de 1.120.540 millones de pesos, equivalentes al 3,13 % del PIB. Es decir, más de un billón de pesos, una cifra que supera ampliamente el presupuesto de inversión y que se constituye en un impuesto invisible al desarrollo económico. Lo anterior, sin considerar aún el elevado costo del encarcelamiento, tema por desarrollar en las próximas columnas.
La inseguridad empobrece, debilita el tejido empresarial y social, y desvía recursos que deberían destinarse a la inversión en educación, salud e infraestructura. La seguridad va mucho más allá de una cuestión policial; exige una visión integral de desarrollo urbano como parte de una política pública que mejore sustancialmente la calidad de vida de todos los bumangueses
