El Tribunal Superior de Santander confirmó la sentencia tras desestimar los argumentos de la defensa y respaldar las pruebas presentadas por la víctima.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Santander confirmó la condena proferida por el Juez Veinticuatro Penal Municipal contra el médico cirujano, Luis Fernando Reyes Meza, después de resolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa del galeno, contra la sentencia que lo condenó como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada.
Reyes meza fue hallado responsable del delito puesto que, de acuerdo con la decisión, al concluir el juicio se demostró un patrón de agresiones físicas, psicológicas, verbales y de control ejercidas contra su entonces esposa, Adriana Lizeth Vargas Uribe.
La decisión revisó los recursos presentados tanto por la defensa del médico como por el representante de Vargas Uribe. Mientras la defensa alegaba que existieron errores en la valoración de las pruebas, pedía la nulidad del proceso o la absolución del acusado y sostenía que no estaba demostrada la circunstancia de agravación, la representación de la víctima consideró que la pena debía ser más alta.
Al estudiar el caso, el Tribunal descartó que se hubiera vulnerado el debido proceso. Fue preciso en señalar que la acusación fue congruente con los hechos debatidos durante el juicio y que la defensa conoció desde el inicio las conductas atribuidas al procesado, por lo que no existió sorpresa ni afectación a su derecho de defensa.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el Tribunal recordó que en los delitos de violencia intrafamiliar no siempre existen certificados médicos o lesiones visibles. Por ello, el testimonio de la víctima puede adquirir un valor probatorio determinante cuando resulta coherente, persistente y está respaldado por otros elementos de prueba.
Es decir, con la vehemencia de lo padecido por ella fue más que claro que existió una conducta punible que causó una afectación no solo moral sino familiar y psicológica en sus congéneres.
La víctima solicitó a la Fiscalía protección especial para ella y sus hijos, así como la apertura de investigación por la presunta comisión de otros delitos.
En este caso, la versión de la denunciante fue respaldada por los testimonios de su hija, su hijo y sus padres, además de valoraciones psicológicas y psiquiátricas del Instituto Nacional de Medicina Legal que evidenciaron un contexto de violencia, control y un riesgo grave para la víctima.
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El Tribunal también destacó que la violencia intrafamiliar no se limita a golpes o lesiones físicas. Explicó que la ley sanciona igualmente el maltrato psicológico, las humillaciones, las amenazas, el control económico, la intimidación y otras formas de agresión que afecten la dignidad e integridad de un integrante de la familia.
Asimismo, recordó que la legislación colombiana ha ampliado la protección para las víctimas de violencia de pareja. Incluso cuando la convivencia ha terminado, una expareja puede responder por violencia intrafamiliar si las agresiones obedecen a dinámicas de dominio, control o violencia sistemática.
En síntesis, el fallo reafirma tres principios importantes: uno, que la violencia intrafamiliar comprende tanto agresiones físicas como psicológicas.
Dos, que la ausencia de un examen médico o de lesiones visibles no impide una condena cuando el resto de las pruebas demuestra la ocurrencia de los hechos. Y finalmente, que los jueces deben valorar el contexto de violencia y no cada episodio de forma aislada, especialmente cuando existen elementos que evidencian un patrón de control y maltrato.
La decisión constituye un nuevo precedente sobre la forma en que los jueces deben analizar los casos de violencia intrafamiliar, privilegiando una valoración integral de la prueba y el contexto en que ocurrieron los hechos.
La decisión constituye un precedente sobre la forma en que los jueces deben analizar los casos de violencia intrafamiliar, privilegiando una valoración integral de la prueba y el contexto en que ocurrieron los hechos.
Se fue el país
Aunque histórica, la decisión tomada por la sala Penal, conformada por los magistrados Juan Carlos Diettes Luna y Soraida García Forero, será conocida de oídas por el médico Reyes Meza, porque durante un prolongado período envió excusas a la justicia “por asuntos laborales inaplazables”, que terminaron con su salida del país hacia Emiratos Árabes, donde reside y trabaja actualmente.
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Fuentes legales que participaron en el proceso afirmaron que “mintió en el traslado del 477 enviando al Juzgado soportes para demostrar su arraigo en Colombia e incluso cuando escuchó la sentencia de primera instancia ya estaba en Emiratos Árabes” explicó la fuente.
Uno de los defensores del médico, el hoy ministro de justicia designado, Iván Cancino González, presentó algunos de los alegados sobre la posibilidad de que el médico Reyes Meza se defendiera en libertad. Hoy reside y trabaja en Emiratos Árabes.
“A la audiencia de arraigo llegaron con contratos de arrendamiento de vivienda, contratos de escolaridad de sus hijos en Bogotá, contratos de sus consultorios. Pero el ya estaba instalado en Dubai.
“La Juez de primera instancia habría considerado que no había riesgo de fuga, basada en los argumentos que en ese momento presentó uno de los asistentes legales del cirujano, Iván Cancino González, hoy ministro de justicia designado”.
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La víctima así como sus familiares vieron con suspicacia el hecho de que Reyes Meza conociera el sentido del fallo antes de que se diera. “Él se fue sólo unos días antes de esa audiencia”.
El estudio juicioso del Tribunal llamó la atención de los entes de investigación, indicando que este tipo de delitos debía analizarse con enfoque de género y brindarse a la víctima garantías y análisis para poder tipificar el o los delitos.
