El pasado 15 de octubre, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de acto legislativo sobre las reglas de la gestión de los congresistas para promover inversiones en sus regiones y modificar el régimen de conflictos de intereses en este trámite.
El propósito de la iniciativa se presenta como una fórmula para garantizar que la representación política de las regiones en el Congreso responda efectivamente a las necesidades de los territorios. Sin embargo, es de vital importancia analizar los pros y los contras de este proyecto, con el fin de que no se convierta en un mecanismo que incentive el clientelismo o el uso indebido de las relaciones de poder.
La propuesta contiene como aspectos positivos, la posibilidad que los congresistas postulen proyectos de inversión para sus regiones, mediante registros públicos que puede contribuir a formalizar tales gestiones y facilitar el control ciudadano, con lo cual se podría conocer quién promueve determinada obra y los recursos solicitados para ello, en lugar de las negociaciones informales sin trazabilidad.
Sin embargo, hacer pública la gestión no garantiza que sea transparente en su propósito ni imparcial en sus resultados. Un proyecto puede aparecer perfectamente registrado y, aun así, recibir prioridad por razones electorales, afinidades políticas o compromisos con determinados sectores. Para asegurar transparencia en este trámite se requiere conocer no solo quién solicita los recursos, sino también establecer los parámetros objetivos por los cuales se priorizan, viabilizan y financian ciertos proyectos y se descartan otros.
La iniciativa también estipula que solo existirá un conflicto de intereses que obligue a declararse impedido al congresista, cuando haya un beneficio particular y determinado para él, su pareja, sus familiares o sus socios. No obstante, el riesgo en este punto, reside en que el conflicto de intereses no siempre se materializa con un pago directo o un beneficio inmediatamente cuantificable, si no que en la realidad exististe la gestión de ventajas indirectas, futuras o mediadas por terceros. En este sentido, merece especial atención, la posibilidad de permitir que los congresistas participen en votaciones relacionadas con sectores que financiaron sus campañas, lo cual podría aumentar los riesgos de posterior favorecimiento indebido.
Así, en caso de cursar con éxito el trámite de reforma constitucional, es de suma importancia el desarrollo de una reglamentación detallada que asegure una verdadera transparencia en la gestión de proyectos que puedan realizar los congresistas para sus regiones, donde exista una trazabilidad efectiva desde la postulación de iniciativas hasta la ejecución contractual del proyecto, permitiendo la rendición de cuentas, la identificación de beneficiarios reales y controles sobre posibles presiones políticas, con el fin de cumplir con el propósito de contribuir al desarrollo de los territorios con auténtica responsabilidad, transparencia y eficacia.
