En Vanguardia, el pasado 10 de octubre, se publicó, con titular y foto, la noticia sobre las condenas proferidas contra los exalcaldes de San Gil Ariel Rojas Rodríguez y Urbano Ballesteros Rangel, y los exfuncionarios Rosaura Bayona, John Amézquita, Edison Rangel (exconcejal) y Jesús David Flores. Las condenas oscilan entre 66 y 80 meses de cárcel para cada uno de ellos, además de la correspondiente muerte política. El delito se cometió al contratar, en 2019, con Funsantander (un contratadero), el suministro de alimentación para la Policía.
Conviene traer a cuento estas condenas a raíz del “encaramadón” del presidente ADLE con el tema anticorrupción, cuando, sin falsa diplomacia, de frente y con valor civil, como nunca lo habíamos visto, les manifestó tanto al alcalde de Sincelejo como a la gobernadora de San Andrés lo que todo el mundo ya sabía, pero que por “política” nadie decía: que desde hace rato estos gobernantes, respaldados por sus correspondientes clanes politiqueros, robaban impunemente, mientras “los sanandresanos vivían comiendo tierra y desatorándose con agua de mar”.
Por mi condición de exgobernador y exalcalde, y por haber estado vinculado durante los últimos 50 años al desarrollo de nuestra región, considero necesario hacer algunos comentarios sobre la novedosa e insólita realidad de un presidente en ejercicio que enfrenta públicamente la corrupción en alcaldías y gobernaciones.
En primer lugar, el famoso dicho “De que aquí nunca pasa nada”, que en buena parte es un generador de impunidad, ya empieza a no ser tan cierto. Pues ahora sí pasa y hoy, por las manifestaciones del presidente, está pasando. El nombramiento de la exmagistrada Cristina Lombana y las investigaciones que ella ha solicitado a las IAS, presionándolas para que se abran tanto en San Andrés como en Sincelejo, dan la medida. Además, la tecnología ha facilitado la consecución de pruebas, que, en esencia, es el cuello de botella en estas conductas.
De otra parte, celebro que la comunidad de San Andrés, a través de las redes sociales y de diversos medios de comunicación, se haya pronunciado en apoyo al presidente y que ahora sí esté denunciando la rampante corrupción que había prostituido las finanzas de San Andrés.
Similar a lo de San Gil, son muchísimas las administraciones municipales y departamentales que vienen siendo tomadas por un elevado número de “personajes” oscuros y tenebrosos, vinculados a organizaciones delincuenciales. Además, algo muy grave que está ocurriendo es que a importantes y amplios grupos de personas les parece “normal” robar al Estado, pues sienten que la justicia no llega o se amparan en el dicho de que “la justicia cojea y cojea, pero llega”. Lo que no se sabe es cuándo. En muchísimos casos, lamentablemente, nunca.
Señor presidente, siga así… ¡QUEDAMOS EXPECTANTES!
