Ninguna sociedad se derrumba de un día para otro. Su deterioro se da cuando renuncia a avergonzarse de los tramposos y pillos. Cuando hacer trampa deja de ser motivo de rechazo y empieza a verse como una justificación de astucia, habilidad o inteligencia, es ahí donde la confianza se desvanece, el mérito pierde valor y la ética deja de ser el fundamento de la convivencia. Lo peligroso no es que existan personas dispuestas a manipular las reglas para obtener ventajas; siempre las habrá. El riesgo aparece cuando el conjunto de la sociedad y sus instituciones terminan aceptando esas conductas como parte natural del juego. Esa preocupante realidad encuentra hoy en Colombia una expresión que obliga a una profunda reflexión.
La degradación ética comienza en hechos que los ciudadanos consideran insignificantes. La exclusión deliberada de personas competentes, los concursos preparados de antemano o las reglas modificadas para favorecer intereses particulares terminan convirtiéndose en prácticas habituales. Su persistencia se explica porque suelen justificarse con resignación, como si fueran inevitables. Sin embargo, cada vez que se acepta una ventaja obtenida mediante el engaño, se transmite el mensaje de que el esfuerzo, la preparación y la excelencia importan menos que las conexiones, las alianzas o la conveniencia del momento, debilitando la credibilidad institucional. Cuando esa lógica prevalece, la confianza deja de ser un valor compartido para convertirse en una excepción.
La dignidad se construye a partir de la coherencia entre los principios y las decisiones. Por ello, quien acomoda las reglas podrá conservar privilegios manipulando procesos, pero pierde la autoridad y el liderazgo, tanto ético como moral, para exigir respeto. El problema adquiere mayor dimensión cuando la sociedad deja de cuestionar esas conductas y empieza a celebrarlas como muestras de habilidad. En ese instante, las instituciones abandonan su función de proteger principios y pasan a legitimar intereses particulares, mientras las nuevas generaciones aprenden que los valores pueden sacrificarse siempre que el resultado sea exitoso.
Este fenómeno atraviesa hoy a Colombia, especialmente en el ámbito político, con la gestión y el proceder del actual Gobierno nacional. Cuando el favoritismo reemplaza la imparcialidad, las instituciones pierden credibilidad y la confianza ciudadana comienza a erosionarse. Aunque toda sociedad debe ofrecer oportunidades para rectificar, reconocer los errores no elimina las responsabilidades derivadas de ellos. Quienes ejercen funciones públicas deben acreditar una trayectoria de integridad que respalde la legitimidad de sus decisiones.
Hoy Colombia necesita nuevos referentes éticos. Requiere de ciudadanos convencidos de que ningún discurso o pataleta forjada mediante el engaño merece admiración. Las sociedades se destruyen por la corrupción de unos pocos y la indiferencia de los ciudadanos, quienes terminan aceptándola como algo inevitable. Recuperar la confianza exige volver a llamar las cosas por su nombre y comprender que la dignidad nunca admite atajos. Quien hace trampa podrá ostentar el poder, obtener un contrato o conservar un cargo, pero hay algo que inevitablemente pierde en el camino: la dignidad. Por eso, hoy más que nunca, ninguna dignidad para quien hace trampa
