No tengo la menor duda de que una de las discusiones en nuestro país en muy poco tiempo girará en torno al derecho al acceso a la inteligencia artificial (IA). ¿Llegará al punto de convertirse en algo así como un servicio público esencial?
Cuando en noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT, la inteligencia artificial se convirtió en uno de los servicios digitales preferidos por millones en todo el mundo. La IA, que ya existía, por fin se democratizó. Y quienes estaban detrás de esto como los de OpenIA, sabían muy bien que tenían que poner el merengue en la puerta del colegio para que se esparciera a velocidad pandémica, ‘el virus de la necesidad’ de usarla.
Hoy millones ya la emplean no solo para redactar cartas rápidamente, sino incluso para analizar exámenes médicos, personalizar tareas educativas, ayudar en decisiones laborales y hasta orientar trámites online ¿Pero eso será universal?
La mayoría de los grandes desarrollos de IA está en manos de unos pocos gigantes privados que trabajan 7x24 en identificar modelos de negocios para que cada consulta, cada generación de texto o imagen que hoy creamos de manera gratuita puedan llegar a convertirse en funciones premium, solo asequibles a quienes paguen por eso.
Una suscripción pro o empresarial costosa ya hoy marca la diferencia en capacidades de las herramientas, totalmente válido. Pero más adelante vamos a notar mucho más las diferencias entre los “inforricos”, capaces de pagar y beneficiarse de la herramienta, y los “infopobres”, que quedarán excluidos de ese acceso y de las ventajas que conlleva. Las implicaciones son enormes: quien no pueda pagar IA se verá limitado en educación, en competitividad.
Algunos autores han alertado sobre esto. Virginia Eubanks en ‘Automating Inequality’ explica cómo sistemas automatizados refuerzan desigualdades existentes al excluir o penalizar a quienes no tienen recursos y depositan prejuicios en los pobres.
Surgen así propuestas para tratar la IA como infraestructura pública, al estilo de la electricidad o el agua. Raghu Madabushi plantea que los modelos de IA fundacionales –las grandes plataformas como Google, Microsoft, Meta y OpenIA– deberían responder a una lógica de servicio público: tarifas reguladas, acceso universal, supervisión democrática y responsabilidad social.
Sin intervención regulatoria, el avance de la IA podría llegar a reforzar una nueva brecha social: acceso ilimitado frente a exclusión sistemática. Para transformar este riesgo en una oportunidad colectiva es urgente debatir la política pública. Colombia debe preguntarse si dejará que el acceso a la IA esté determinado por la capacidad del bolsillo o si, por el contrario, exigirá que sea parte de la infraestructura básica de la ciudadanía, con acceso a un ‘mínimo digital de IA’. Solo así podremos evitar que la inteligencia del mañana amplifique las desigualdades del presente.
