Históricamente, el PAE (Programa de Alimentación Escolar) en Santander ha sido objeto de múltiples críticas y observaciones por parte de expertos, autoridades en la materia y entes de control que buscan fortalecer el programa para que este sea contratado con garantías de transparencia y ejecutado de manera eficiente. Este año, el proceso vigente para su contratación no ha sido la excepción: ya ha sido objeto de varios comentarios por parte de interesados, veedores y expertos en contratación.
Transparencia por Santander ha insistido durante años en la importancia de dividir la operación del PAE, dada su magnitud y complejidad: 82 municipios, 127.900 beneficiarios, y más de $173.000 millones invertidos. No es una operación menor para ser ejecutada por un solo contratista. Si la gobernación busca garantizar un PAE de calidad lo más prudente y responsable es dividir la ejecución en lotes y no concentrar la complejidad de la logística de la operación en un único operador. Ya el pliego habla de 4 zonas, ¿por qué no pensar en establecerse 4 lotes?. Esta división ha sido probada por otros entes territoriales, con resultados favorecedores comprobados en el programa.
Además de lo anterior, el pliego de condiciones contiene una serie de requisitos desproporcionados, como exigencias de experiencia bastante elevadas y de difícil cumplimiento. Tampoco están claras algunas condiciones técnicas y de ejecución, como, por ejemplo, los requisitos para el alistamiento, una etapa clave para iniciar una operación de esta magnitud.
El pliego tiene muchos vacíos técnicos que necesitan ser aclarados y detallados. Debe ofrecer garantías de participación y transparencia suficientes para generar un ambiente sano de competencia y lograr la tan anhelada pluralidad de oferentes en un proceso tan importante para la región como lo es el PAE. Tal y como está estructurado actualmente, resulta muy difícil contar con un número amplio de participantes idóneos para ejecutar el programa, con seguridad, la participación será mínima.
Todavía hay tiempo y oportunidades para mejorar el rumbo de este proceso con mejores prácticas contractuales y garantías de participación para poténciales oferentes. Ojalá la gobernación haga los ajustes necesarios al pliego que así lo garanticen.
Una vez adjudicado el PAE existe otro tema o preocupación que vale la pena dejar señalada desde ahora: garantizar el acceso a la información pública sobre la ejecución del programa y permitir el control social sobre este sin limitaciones, trabas o barreras. Recordemos que el año anterior, veedurías reconocidas como el Comité Transparencia por Santander encontraron grandes dificultades y resistencia al control social sobre el PAE. Este tipo de prácticas impiden la vigilancia ciudadana y podrían generar desconfianza en la gestión pública. Esto no se puede repetir por el bien de los niños beneficiarios del programa.
