El presidente manifestó el 20 de julio en el Congreso que el pacto por el crédito ha sido un fracaso y que es necesario establecer un banco público “urbano” para que financie a la industria con créditos subsidiados como lo hace el Banco Agrario con el sector agropecuario. Para lograrlo propuso que se debiera establecer el mecanismo de la inversión forzosa para “la industria y la exportación”, como funciona actualmente en el sector agropecuario.
La inversión forzosa en el agro (en los títulos TDA) es la principal fuente del crédito de redescuento que otorga Finagro y su reglamentación permite que los bancos puedan sustituirla con créditos que otorguen directamente a los productores. Esto es lo que se conoce como la cartera sustitutiva. Hoy en día esta cartera es la principal fuente de financiamiento del sector con un 83% del total de los recursos de crédito.
La inversión forzosa fomenta la concentración del crédito en los grandes productores, pues a estos les llega el 84,6% de los desembolsos, y les quita recursos a las líneas de redescuento de Finagro que en su mayoría financian a los pequeños productores. Por ello, la idea de este mecanismo es discutible, pues si bien es una fuente para el crédito de fomento, la gabela de la sustitución de dicha inversión impacta la democratización del crédito y concentra la colocación de las líneas de redescuento en la banca pública a la que le toca asumir un mayor riesgo, pues los recursos llegan en su mayoría los pequeños productores.
También afecta la inclusión financiera, ya que la banca privada no se le mide a financiar a los pequeños productores, pues no los conoce, y las operaciones de crédito, que son de bajo monto, son costosas, muy riesgosas y poco rentables por cuenta del techo en las tasas de interés existente para el crédito agropecuario.
Por eso, las operaciones de crédito de redescuento que hace el Banco Agrario para los pequeños productores se vuelven dependientes (84% de las operaciones) de las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG que, además, “empereza” al banco en la gestión del cobro de su cartera.
Si se quiere establecer una inversión forzosa para fomentar el crédito y la inclusión financiera en Colombia se debe primero revisar y reformar el funcionamiento de la inversión forzosa para el financiamiento agropecuario. De lo contrario, se corre el riesgo de marchitar los recursos de redescuento y dejar por fuera a los pequeños productores rurales. Al mismo tiempo, las inversiones forzosas pueden poner en riesgo los ahorros de los colombianos y fomentar la distribución ineficiente de los recursos hacia sectores que eventualmente no son atractivos para el sistema financiero.
