Ante las recientes columnas sobre el adanismo latinoamericano, un lector me preguntaba cuál sería el camino para preservar la democracia. La respuesta no es sencilla, porque la democracia no es una obra terminada ni una conquista definitiva. Es un camino sin fin que exige vigilancia y responsabilidad ciudadana.
Por ello, resulta inaceptable la actitud asumida por Gustavo Petro frente al proceso electoral. Sus acusaciones de fraude, formuladas sin pruebas concretas ni evidencias verificables, no son una legítima manifestación institucional. Cuando un presidente pone bajo sospecha a los organismos encargados de garantizar la voluntad popular, juega con uno de los activos más valiosos de cualquier democracia: la confianza ciudadana.
Sería un error considerar este episodio como un hecho aislado. Desde el comienzo de su mandato, Petro ha cultivado una narrativa que lo erige como continuador de una causa superior. La exhibición de la espada de Bolívar durante su posesión, la agitación de la bandera de guerra a muerte y la apelación a una lucha inconclusa han buscado construir la imagen de un “líder providencial” llamado a culminar tareas pendientes. Esa visión corresponde al adanismo: la convicción de que la historia comienza con él, como gobernante, y que las instituciones son talanqueras que impiden materializar su misión.
Bajo esa lógica, el Congreso es un obstáculo cuando no aprueba sus reformas, las cortes resultan incómodas cuando contradicen sus expectativas y el Banco de la República merece reproches cuando preserva la estabilidad monetaria. La tesis del “bloqueo institucional” ha servido para evadir responsabilidades y justificar la incompetencia de un gobierno que prometió transformaciones profundas y terminó ahondando divisiones fratricidas.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente, presentada simultáneamente con la candidatura continuista de Iván Cepeda como mecanismo indispensable para superar los obstáculos que, según el Gobierno, han impedido el cambio, fue retirada cuando la conveniencia electoral aconsejó otra ruta. Por su parte, los cambios introducidos a última hora por el candidato en su programa de gobierno, ahora bajo la denominación “Nueva carta de navegación programática”, lejos de convencer con una imagen de moderación, refuerzan la impresión de estar ante un personaje enigmático que adapta sus posiciones a las exigencias de la coyuntura, con medidas cosméticas y oportunistas.
El próximo domingo tomaremos una decisión trascendental. Conviene preguntarnos si el país debe dar continuidad a un proyecto que ha encontrado en la confrontación, la sospecha y el cuestionamiento permanente de las instituciones una forma de perpetuarse en el poder. Colombia necesita serenidad y esperanza. No merece prolongar un talante que ha estigmatizado a sectores ciudadanos y erosionado la sana convivencia. Frente al odio, los intentos desestabilizadores y los desafueros presidenciales, la respuesta debe ser la defensa firme de los valores democráticos.
