El pasado 30 de julio la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Basico -CRA- presentó a participación ciudadana los documentos que darán origen a una nueva generación de tarifas y requisitos técnicos y de calidad para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta es una tarea que estábamos esperando desde el gobierno anterior y ahora nos corresponderá el análisis, observaciones, sugerencias o propuestas que, desde los gobiernos municipales o departamentales, las empresas prestadoras de los servicios, los vocales de control social o los ciudadanos interesados, podamos realizar para que ese nuevo marco sea una realidad en el 2026.
El tema puede parecer demasiado técnico o árido para muchas personas, pero es supremamente importante porque de allí se deriva no solo un nuevo precio a pagar por disfrutar el agua o el aseo sino, más importante aún, una orientación conceptual o de política pública hacia la remuneración de las actividades que deben priorizarse por quienes tienen a su cargo la prestación de estos servicios y la incorporación de criterios de calidad que deben cumplirse en el marco de esta nueva visión de la CRA como agente regulador.
También el nuevo marco incluirá mensajes claros a los usuarios. En el caso del aseo, debe ser un “motivador” para que los ciudadanos separemos los residuos que se desechan y al menos entreguemos en forma selectiva los materiales reciclables a los prestadores del servicio de recolección, transporte, clasificación y comercialización de vidrios, plásticos, papeles, cartones o metales. Esos prestadores del servicio son las organizaciones de recicladores de oficio que desde el año pasado por decisión del Gobierno Nacional han recibido la exclusividad para desarrollar esta actividad por 15 años. Ello debe conllevar a que si cumplimos con la responsabilidad como usuarios y nuestro prestador se compromete a realizar una ruta con frecuencias y horarios normalizados vamos a tener empresarios que desde la economía solidaria o popular puedan formalizarse y llegar a alcanzar eficiencias y rentabilidad suficiente para superar la condición de vulnerabilidad que los ha acompañado por años.
De otra parte, esta nueva normatividad también orienta a hacer realidad el Programa Basura Cero, recientemente reglamentado por el Gobierno Nacional que nos debe dirigir hacia la transición energética utilizando los residuos orgánicos e inorgánicos como fuente de combustible que pueda convertirse en energía. Los CDR o combustibles derivados de residuos son una realidad en el mundo entero y Colombia estaba en mora de iniciar esa transición para lo cual Entidades como el ICPET, que felizmente tenemos en nuestra región, es una de las llamadas a liderar este tema. Mucho más por comentar sobre este tema en próximas semanas.
