La muerte del senador Miguel Uribe Turbay no puede interpretarse como un suceso político aislado, sino como parte de un esquema que busca asesinar a los candidatos presidenciales que resultan incómodos frente a determinados intereses, tal como ocurrió con Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Calor Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado, víctimas ellos de la violencia política, la intolerancia y la pugna por el poder a cualquier precio.
La violencia y la fragmentación política en Colombia han experimentado un crecimiento desde la “Patria Boba” (1810-1816) producto de la confrontación ideológica que causó la división política que llevó a varias guerras del Siglo XIX; a enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador y a la creación de grupos armados como FARC y el ELN. Es decir, siempre ha habido grupos de poder que quieren conservar el dominio para su propio beneficio, sin importarles solucionar los grandes problemas sociales. Esto hace que no podamos tener una democracia fuerte y la paz que tanto queremos.
Hoy en día, las élites emergentes intensifican la polarización política, utilizando la inequidad socioeconómica y el descontento social como medios para dividir y manipular a la sociedad entre pobres y ricos, entre izquierda y derecha, enfrentándolos con mensajes violentos y epítetos denigrantes para señalar al adversario al que hay que aniquilar como meta para alcanzar o conservar el poder.
Esto no puede continuar así. La muerte de Miguel Uribe debe ser la señal que detenga esta locura.
Colombia no puede seguir en manos de esas élites intransigentes que atentan contra la dignidad humana, ni menos consentir el juego de sus intereses. Los buenos somos más y debemos hacerlo sentir.
Significa, que debemos reconstruir una sociedad en la que quepamos todos, incluyendo al gobierno, la sociedad civil, los gremios, los medios de comunicación, las fuerzas militares y los políticos, cuyo objetivo sea detener esa intolerancia, esa polarización, creando espacios y ambientes de diálogo en los que se respete las ideas divergentes que permitan la construcción de políticas públicas efectivas para eliminar las raíces de la violencia y garantizar el porvenir de las generaciones presentes y futuras.
De ahí la urgencia en dar herramientas educativas al ciudadano que les permita identificar la información sesgada y las promesas vacías con las que lo manipulan en campaña y para que entiendan de la necesidad de ejercer el control social para preservar lo público y acabar con los corruptos.
Es hora de actuar porque la democracia está en peligro. Si no fortalecemos las instituciones y recuperamos la gobernabilidad, hoy cooptada por los ilegales, estaremos en manos de los violentos, de los corruptos, del narcotráfico, de los intolerantes y los politiqueros y, por tanto, amenazada la democracia.
