La trata de niñas, niños y adolescentes es una de las violaciones más atroces a los derechos humanos. Este delito consiste en someter y explotar a las personas, privándolas de su dignidad, y aunque cualquiera puede ser víctima, la mayoría son mujeres y niñas.
En Colombia, entre 2020 y 2023, la Procuraduría reportó 709 casos de trata de personas. En menores de 12 a 17 años, los casos aumentaron un 400 %. Solo en 2023 hubo 38 denuncias contra adolescentes, frente a 8 en 2022, un incremento del 387 %.
Estas cifras son apenas la punta del iceberg: el subregistro es su mayor aliado.
La explotación sexual concentra la mayoría de los casos. En 2023, la Policía registró más de 1.490; el 80 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes, y el 86 % ocurrió en entornos virtuales, según la Defensoría. Entre enero y agosto de ese año se documentaron 8.295 delitos sexuales contra menores, y 11.135 ingresaron al sistema de protección del ICBF, de los cuales 9.705 eran niñas.
En Santander la situación también preocupa. Entre 2020 y 2023, la Gobernación registró 65 casos de trata, la mitad en el último año. En lo corrido de 2025 ya se han identificado cinco.
El pasado 10 de agosto, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de una red de trata de personas que operaba en el municipio de Piedecuesta, dedicada a captar menores de edad a través de redes sociales, ofreciendo ingresos económicos, para luego explotarlas sexualmente.
Un estudio del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad (CICS) de la UIS reveló que el 16 % de los menores de 18 años en el departamento ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con una tasa de 37 casos por cada 100.000, levemente superior al promedio nacional.
El reclutamiento forzado también sigue siendo una amenaza: en 2024 la Defensoría reportó 463 menores vinculados a grupos armados, y Santander ya registra casos en 2025.
Las estadísticas no pueden quedarse en indignación. La normalización cultural del abuso permite que estas redes sigan operando sin consecuencias. Es urgente fortalecer la prevención, garantizar canales seguros de denuncia, proteger a las víctimas y desmontar la lógica que instrumentaliza cuerpos infantiles.
Cada cifra es más que un dato: es una infancia arrebatada que exige ser defendida.
