Justicia demorada es justicia denegada. Esa frase suele escucharse con frecuencia en las aulas de las facultades de derecho, y, con mayor énfasis, en congresos y seminarios. Jueces, magistrados y académicos, en sus exposiciones, la utilizan para sustentar sus críticas al sistema judicial. Sus observaciones, por lo general, vienen de la mano con apreciaciones relacionadas con tres principios rectores del derecho procesal: celeridad, buena fe y lealtad.
Los procesos, para que la administración de justicia sea efectiva, deben tener una duración razonable; y para que eso ocurra, los términos deben observarse con diligencia y las actuaciones deben cumplirse con rigurosidad. En ese propósito deben coincidir todos los sujetos del proceso, incluido el juez como su rector.
En mi columna “Chicaneros”, critiqué a quienes, en las actuaciones judiciales, se valen de artimañas o maniobras deshonestas dilatándolas; mala práctica que prolifera en los casos que se adelantan contra los alcaldes de Bucaramanga y Girón por doble militancia.
En el proceso que se sigue contra el alcalde de Bucaramanga, por ejemplo, su apoderado y sus coadyuvantes, han sido extremadamente prolíficos presentando solicitudes de aclaración, interponiendo recursos e invocando nulidades. ¿El propósito? Demorar al máximo la decisión de segunda instancia. Tanto, que muchos creen que en lugar de ganar tiempo estaban “comprándolo”.
El asunto, recientemente, adquirió otro matiz. El magistrado ponente inició una actuación sancionatoria contra el abogado José Augusto Tamara Garrido, coadyuvante del alcalde, porque presentó una solicitud de nulidad “abiertamente improcedente e impertinente”.
Lo que no deja de llamar la atención es que Tamara Garrido, que había sido bastante acucioso en la actuación, dejó vencer el término que le concedieron para que ejerciera su derecho de defensa sin pronunciarse. Como tampoco deja de ser llamativo que alguien que cuenta con una aquilatada y destacada trayectoria como funcionario judicial y como jurista, Humberto Sierra Porto, sea uno de quienes auspicia ese tipo de conductas.
Sierra Porto, apoderado de los alcaldes de Bucaramanga y Girón, como exmagistrado de la Corte Constitucional y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería dar ejemplo. En lugar de hacerlo, respalda y fomenta esas prácticas. Las maniobras dilatorias presentes en ambos procesos, cuando se las compara, son parecidas, casi que calcadas.
Cuando se creía que a Sierra Porto y compañía se les había acabado el jueguito, el miércoles, sabiéndose que en el orden del día del jueves se incluyó el fallo del proceso del alcalde de Bucaramanga, de la nada apareció un “ciudadano preocupado” y recusó a uno de los magistrados encargado de tomar la Decisión. No hay duda: a los intervinientes en ese proceso poco les importan los principios de celeridad, buena fe y lealtad procesal. Se los pasaron por la faja.
