El jueves, la Sección Quinta del Consejo de Estado publicó la sentencia que confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander que había decretado la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde del municipio de Bucaramanga, por haber incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo. Prohibición demostrada por actos positivos e inequívocos suyos en favor de un aspirante del partido Centro Democrático y cinco del partido de la U al concejo de Bucaramanga en las elecciones del 29 de octubre de 2023, a pesar de que el partido Colombia Justa y Libres, avalista de su candidatura a la alcaldía, también había registrado candidatos a dicha corporación a los que debía respaldar.
Independientemente de las emociones contradictorias que ella provoca simultáneamente: júbilo para los demandantes que aspirarán a reemplazarlo en las elecciones atípicas que se avecinan y tristeza para el demandado y sus seguidores, lo que debemos valorar es el triunfo de la legalidad y la demostración de que el sistema judicial funciona como control sobre el poder político y la confianza en la justicia que ello genera.
Como también resaltar, que en los procesos electorales debe prevalecer la disciplina partidaria, la lealtad y la transparencia como garantía de la información precisa y libre de la voluntad política del ciudadano, exenta de engaños, manipulaciones, equívocos que modifiquen su convencimiento al ejercer su derecho fundamental al sufragio. Circunstancias estas que conformaron la doble militancia que determinó la anulación de la elección. Doble Militancia, que está en auge, utilizada como recurso politiquero para obstruir legítimas aspiraciones democráticas, que debería atajar la Registraduría desde la misma inscripción de las candidaturas en coalición, figura polémica por la confabulación turbia que ella comporta en los procesos electorales.
Ahora bien, los únicos y directamente afectados son los ciudadanos de Bucaramanga por la inestabilidad política e institucional que provoca el vacío de poder al suspender proyectos, decisiones y ejecución de programas que comprometen la gobernabilidad, mientras se designa interinamente su reemplazo y se hace la nueva elección.
Además, la doble militancia demostrada genera una disminución en la confianza en los partidos políticos, en sus dirigentes, en los procesos democráticos y puede intensificar la división social entre los grupos políticos en disputa y producir ambiente de hostilidad, confrontación y fractura en el tejido social del municipio. Sin contar con los gastos que ocasionan las nuevas elecciones, cuyos fondos podrían haberse distribuido en áreas prioritarias de salud, educación o infraestructura. Por estas razones, nadie puede vanagloriarse con esta anulación, por el contrario, debe causarnos tristeza por la poca transparencia en las elecciones.
Que en la lucha por la alcaldía gane la mejor propuesta realista, sin polarización y con respeto a la dignidad humana.
