“Todo lo que diga podrá ser usado en su contra”. La frase, tan repetida en películas y series, también rige en Colombia. Y lo que algunos no saben es que, frente a un proceso penal, el silencio no es un vacío: es un derecho.
En nuestras leyes nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a autoincriminarse. Sin embargo, en la práctica, muchos ciudadanos creen que quedarse callados “los hace ver culpables”. Ese mito es equivocado. En derecho penal, callar puede ser un escudo eficaz, pues evita que palabras apresuradas o mal expresadas se conviertan en pruebas en contra.
El primer efecto del silencio es proteger al procesado. Un ejemplo sencillo: una persona es capturada y, en su afán de demostrar inocencia, empieza a hablar sin asesoría jurídica. En ese afán puede contradecirse o decir cosas que luego son usadas por la Fiscalía como inconsistencias. En cambio, ejercer el derecho a no declarar da tiempo a organizar la defensa, revisar las pruebas y responder con estrategia. Por eso se insiste en que lo mejor, ante una captura, es exigir un defensor y guardar silencio hasta conocer el caso a fondo.
El segundo efecto es el silencio como estrategia procesal. No se trata de una actitud pasiva, sino de una elección estudiada. Un investigado que responde cada pregunta sin preparación se expone a que cualquier detalle sea sacado de contexto. No es casualidad que el artículo 33 de la Constitución reconozca este derecho: quien se enfrenta al aparato judicial debe tener, al menos, la posibilidad de no incriminarse con sus propias palabras.
Pero hay una tercera perspectiva del silencio, quizá la más inquietante: la de las víctimas. Muchas callan por miedo a represalias, por dependencia económica o porque creen que guardar silencio evitará un nuevo conflicto. En casos de violencia intrafamiliar, no son pocas las mujeres que, con la esperanza de dar una segunda oportunidad al agresor, optan por no hablar.
Ese silencio nace de circunstancias dolorosas y de la ilusión de que el tiempo resolverá lo ocurrido, aunque la experiencia demuestra lo contrario: la violencia casi siempre se repite y agrava.
Por eso, la tarea está en acompañar y asesorar a las víctimas, para que comprendan las consecuencias de callar o denunciar y decidan según sus propias circunstancias. La decisión es de ellas, pero debe ser informada, no impuesta.
Conviene recordar que el silencio puede ser una herramienta de protección para el procesado, pero para la víctima ese peso del silencio puede aliviarse con información jurídica oportuna, de modo que pueda decidir con plena claridad sobre sus opciones.
El silencio no es neutro: puede salvar a unos o desproteger a otros.
