El país entero se estremeció con la noticia del fallecimiento de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 12 de agosto en Cajicá y cuyo cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío, a escasos 300 metros de su colegio. Valeria, diagnosticada con síndrome de Down, se convirtió en el reflejo de una pregunta dolorosa: ¿estamos protegiendo a nuestros niños como deberíamos?
Más de 200 personas participaron en su búsqueda: Ejército, Policía, Bomberos, Defensa Civil, drones y brigadas caninas. Y, sin embargo, el desenlace presuntamente reveló las falencias de un sistema que reaccionó tarde y con fisuras. La circular amarilla de Interpol —clave para activar la alerta internacional— se emitió siete días después de la desaparición. Protocolos como los del Sistema Nacional de Bienestar Familiar no se activaron con la urgencia que exigía la situación.
Este no es un hecho aislado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2024 se reportaron en Colombia más de 7.000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, y más de 13.000 casos de violencia sexual contra menores. Las cifras son tan alarmantes como recurrentes: detrás de cada número hay una historia de vida que se trunca por la falta de protección y prevención y del dolor de muchas familias que perdieron lo que más atesoran.
Lo ocurrido con Valeria nos obliga a reflexionar también sobre el papel de las instituciones educativas. Un niño desaparece dentro del espacio que debería ser el más seguro después del hogar: la escuela.
La indignación ciudadana se ha expresado en las calles y en redes: la comunidad acompañó su sepelio con caravanas, flores y un clamor unánime de justicia. La Procuraduría, la Fiscalía y la Policía han prometido avanzar en la investigación. Pero más allá de esclarecer responsabilidades individuales, este caso exige mirar hacia lo estructural: las deudas históricas de un país que no prioriza la infancia.
Valeria, descrita por su familia como “una niña que solo trajo luz”, nos deja un llamado profundo. Que su ausencia no se convierta en otra estadística más. Que su memoria sea el inicio de un cambio: uno en el que cada escuela refuerce su compromiso de cuidado, el Estado cumpla con rigor sus protocolos, y la sociedad entera entienda que la infancia no admite demoras ni excusas.
Porque un país que no protege a sus niños está condenado a perder su futuro.
