Una de las buenas noticias de esta semana fue la elección, por parte del Senado de la República, de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, con una holgada victoria de 62 votos contra 41.
Esa elección representa un triunfo significativo para la democracia y para el equilibrio de poderes. La derrota de la candidata Balanta, quien se presume habría otorgado una mayoría al Gobierno dentro de la Corte, evitó por ahora que se consolidara un bloque que pondría en riesgo la independencia de esta institución. Dicha suposición es lógica y razonable dadas las amenazas veladas que hicieran Petro y Benedetti al Senado, advirtiendo que esa elección definiría las alianzas en el Congreso. Y se ve confirmada por la decisión de retirar del cargo a los ministros de Trabajo, TIC y Comercio, supuestas cuotas de los partidos Verde, de la U y Liberal, que votaron mayoritariamente por Camargo.
Fue un respiro momentáneo; una pausa en medio del asedio al Estado de Derecho que hemos presenciado durante los últimos años.
Sin embargo, este episodio no debe interpretarse como una victoria definitiva. Lo que tenemos al frente es una larga lista de desafíos, empezando por el proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo insiste en impulsar. Esta reforma no solo castiga principalmente a los más pobres y a los sectores productivos, sino que desincentiva la inversión, fomenta la evasión y genera un clima de incertidumbre económica. En lugar de promover el crecimiento y la competitividad, se centra en exprimir más a quienes generan empleo y riqueza, con el fin de financiar un gasto público cada vez más ineficiente y corrupto. Es una propuesta lesiva y el Congreso debe tener la madurez de rechazarla en defensa del bienestar de los colombianos.
De aquí al 7 de agosto de 2026 tendremos que enfrentar varios desafíos que estremecerán los cimientos de nuestra democracia. Particularmente preocupantes son las señales que develan la intención del proyecto político que hoy nos gobierna de perpetuarse en el poder, ya sea mediante maniobras legales que impliquen reinterpretar la Constitución, eligiendo a un representante de su proyecto o, en el peor y menos probable de los casos, violentando abiertamente el orden institucional. Para lograrlo, controlar la Corte Constitucional resultaba una pieza clave. Por eso, la elección de Camargo debe entenderse como un refuerzo al muro de contención que ha representado esa institución.
La democracia colombiana, golpeada y en resistencia, necesita de todos sus guardianes: Congreso, justicia independiente, ciudadanía vigilante y Fuerza Pública leal a la Constitución y al pueblo. Solo así podremos impedir que el país caiga en el abismo del neocomunismo autoritario que algunos anhelan imponer.
