La iniciativa de formular una política pública para la legalización de barrios en Bucaramanga merece celebrarse. Es un paso necesario y urgente para atender la realidad de miles de familias que hoy viven en la informalidad, sin títulos de propiedad ni acceso a los servicios básicos. Sin embargo, más allá del anuncio, este proceso debe hacerse con rigor y responsabilidad para que no se convierta en una ilusión pasajera.
El primer punto no es negociable: no pueden existir viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable. Las familias que habitan zonas de protección, rondas hídricas, terrenos inestables y zonas inseguras deben ser reubicadas en condiciones dignas. La legalización no puede significar la ratificación de un riesgo permanente para sus vidas.
En los casos de riesgo mitigable, es indispensable evaluar la viabilidad económica de las obras. Si el costo de estabilización, urbanismo y servicios públicos resulta desproporcionado frente a la cantidad de beneficiarios, lo más responsable es reubicar. La decisión no puede ser política ni populista, debe ser técnica y sostenible.
Otro aspecto crítico es la concertación real con los prestadores de servicios públicos. No basta con sacar una resolución de legalización, si después las familias no tienen agua potable, alcantarillado o energía en condiciones legales y seguras. Todo nuevo barrio legalizado debe quedar efectivamente dentro del área de prestación de los servicios, con compromisos claros de cobertura y calidad.
El proceso, además, debe estar acompañado de absoluta claridad en sus pasos y en la definición de competencias y responsabilidades. No es justo que se ilusione a las familias con la promesa de legalización, y mucho menos que inviertan recursos en estudios, diseños y honorarios de profesionales, si no existe una hoja de ruta clara que conduzca de manera efectiva al resultado esperado. La transparencia en el proceso es la mejor garantía para las comunidades.
Finalmente, la legalización debe traducirse en inversión. Una vez reconocido un barrio, el municipio debe destinar los recursos necesarios para infraestructura, espacio público, movilidad y equipamientos sociales. De lo contrario, se corre el riesgo de legalizar la pobreza, sin mejorar de manera real la calidad de vida de sus habitantes.
Espero que los funcionarios públicos, los contratistas y demás actores de la administración municipal asuman este ejercicio con la máxima responsabilidad, priorizando la solución efectiva de los problemas de los asentamientos humanos y no aprovechándose de las necesidades de sus habitantes con fines políticos. La legalización real no es un discurso ni una promesa electoral: es un compromiso de ciudad con la dignidad de sus ciudadanos.
