La inclusión de la construcción de la planta de aguas residuales (PTAR) de Bucaramanga en el Plan Nacional de Desarrollo generó en su momento un justificado entusiasmo. Sin embargo, el regocijo se desvaneció cuando el gobierno Petro decidió abandonar el cumplimiento de esa línea de acción para dedicarse a la agitación política. A pesar de ello, resulta alentadora la determinación de la CDMB y la EMPAS de adelantar los diseños con el objetivo de sustentar la apropiación de los recursos que permitan avanzar en el propósito de poner fin al vertimiento de aguas servidas sin tratamiento, recuperar el equilibrio ecológico de la cuenca del río de Oro y dar pasos firmes hacia el rescate del río Magdalena, principal corriente fluvial del país.
La licencia ambiental otorgada por la ANLA el pasado 25 de agosto constituye un paso crucial. El proyecto contempla el replanteamiento de colectores, la separación de los caudales de aguas lluvias y el tratamiento de las aguas negras en una planta con capacidad de 2,08 m³/s. Su costo se estima en 1,2 billones de pesos, cifra que refleja la magnitud de la apuesta.
Este reto demanda corregir la dispersión de esfuerzos por parte de las autoridades municipales y de las entidades con competencias traslapadas. Esa fragmentación, identificada como una de las mayores limitaciones para una gestión integral del área metropolitana de Bucaramanga, tiene que ceder ante un propósito común: la preservación y el uso eficiente del recurso hídrico. Como lo he señalado en anteriores columnas, ese objetivo puede y debe convertirse en el mejor factor de unión y de superación de intereses particulares y políticos.
La complejidad de la iniciativa exige generosidad y visión. Involucra diversas instancias y requiere actores que aporten tanto capital como tecnología de punta. Una posible fórmula para su ejecución es combinar la modalidad tradicional de obra pública con esquemas de alianzas público-privadas, especialmente en lo referente a la planta de tratamiento. De allí la necesidad de divulgar ampliamente el alcance de lo actuado, despejar inquietudes y sumar voluntades para garantizar una financiación adecuada y resultados óptimos.
De la lucidez y efectividad de esta acción colectiva depende que no volvamos a acumular frustraciones ni a desperdiciar cuantiosas inversiones por falta de planificación. Así lo evidencian la represa del río Tona, que después de nueve años de concluida no ha incorporado nuevos usuarios, ocasionando grave afectación a las finanzas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; el viaducto Alejandro Galvis Ramírez, subutilizado tras el desistimiento de la proyectada Troncal Norte-Sur; y Metrolínea, ante el colapso total del sistema.
