Según Mike Davis, en el libro Planeta de ciudades miseria, a diferencia de lo ocurrido en Europa —donde el crecimiento de las ciudades tuvo como detonante la revolución industrial y el desarrollo económico—, en Latinoamérica el motor de la migración del campo a la ciudad se da por la violencia y el empobrecimiento rural, muy a pesar de que nuestras urbes no contaban con la infraestructura ni la capacidad de planeación necesarias para suplir la alta demanda de vivienda, servicios públicos y empleo, generando un crecimiento desbordado en las periferias, usualmente en zonas de alto riesgo.
Del fenómeno antes descrito, Bucaramanga y su área metropolitana no son ajenos. De la provincia de García Rovira llegaron cientos de personas a poblar Floridablanca, de donde provienen los famosos matachines; la montaña de Morrorrico creció gracias a campesinos provenientes del páramo, y el norte de Bucaramanga se convirtió en el gran receptor de la mayor cantidad de migrantes que, buscando un mejor porvenir, arribaron a la capital santandereana. A pesar de que estas dinámicas poblacionales son de vieja data, aún no ha sido posible prevenir el crecimiento de las urbanizaciones ilegales debido a la desactualización de los planes de ordenamiento territorial, la falta de habilitación de suelos y la ausencia de políticas públicas metropolitanas de vivienda popular que promuevan el desarrollo urbanístico legal a bajo costo y que cubran la alta demanda de techo para familias de escasos recursos.
Sin embargo, aunque la norma urbanística ha generado herramientas y programas que permiten legalizar y regularizar sectores que nacieron en la informalidad, con el objetivo de dignificar la vida de quienes habitan los asentamientos humanos, en Bucaramanga el proceso se ha convertido en un instrumento de campaña electoral más que en mejoras tangibles e impactos materiales en las comunidades.
Desde sus inicios, en lo que va del proceso de legalización de asentamientos, varios barrios se han legalizado dos o tres veces —con los costos que esto implica—, el proceso no se ha articulado en debida forma con los prestadores de servicios públicos, no existe un proyecto de reubicación para viviendas en alto riesgo no mitigable, ausencia de control urbano y la entrega de escrituras públicas, en sectores como Luz de Salvación, se ha convertido en una utopía.
Se requiere una autocrítica no solo por parte de la administración municipal, sino también de todos los bumangueses que hemos invisibilizado los asentamientos humanos, convirtiéndolos en tierras del olvido. Es necesario replantear el desarrollo urbanístico metropolitano con planificación, metodología, políticas y acciones que generen un verdadero impacto, enfocados en el cumplimiento de las metas de sostenibilidad y en la superación de la pobreza.
