El magistrado José Elver Muñoz Barrera concluyó que no se configuró una indebida notificación.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la solicitud con la que la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal pretendía anular las actuaciones adelantadas dentro de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio del nuevo modelo de pasaportes.
Con esta decisión, el proceso judicial seguirá su curso y el despacho continuará estudiando la legalidad del acuerdo.
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La solicitud había sido presentada por el apoderado de la entidad portuguesa, quien aseguró que la empresa no fue notificada de manera válida sobre la demanda promovida por el Ministerio Público.
Según expuso, esa situación afectaba el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que pidió dejar sin efecto lo actuado desde la admisión de la acción judicial.
Sin embargo, el magistrado José Elver Muñoz Barrera concluyó que no se configuró una indebida notificación. En la providencia explicó que la empresa quedó notificada por “conducta concluyente”, al haber constituido un apoderado judicial dentro del proceso.
“Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad”, señaló el Tribunal.
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Con base en ese análisis, el despacho concluyó que no se vulneraron el derecho a la defensa ni el debido proceso invocados por la entidad portuguesa. También indicó que los documentos necesarios para la notificación fueron traducidos y que la carta rogatoria fue tramitada ante las autoridades competentes.
Lo resuelto por el Tribunal corresponde únicamente al incidente de nulidad planteado por la empresa portuguesa, por lo que el estudio de fondo sobre las presuntas irregularidades señaladas por la Procuraduría continuará dentro del proceso.
En respuesta a esa demanda, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el convenio suscrito con la entidad portuguesa contiene una cláusula compromisoria, según la cual cualquier controversia relacionada con el contrato, incluidas las discusiones sobre su validez o nulidad, debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional.
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Por su parte, la Cancillería sostuvo que el convenio hace parte de un proceso de estructuración técnica, jurídica e institucional iniciado en 2024 para modernizar el sistema de expedición de pasaportes.
