La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre un incremento de la violencia contra los comunicadores, especialmente en las regiones y contra quienes cubren corrupción, criminalidad y presencia de grupos armados.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Al menos cuatro periodistas y comunicadores han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2026, en medio de un grave incremento de la violencia contra la libertad de prensa, las amenazas y los actos de intimidación. Así lo advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe sobre la situación del país, aprobado este domingo.
Según el organismo, las agresiones afectan especialmente a quienes ejercen su labor en las regiones y cubren temas relacionados con corrupción, orden público, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales.
Entre los casos documentados está el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, ocurrido en mayo pasado mientras realizaba una cobertura periodística en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y una disidencia de las Farc, en Antioquia. Lea también: Familia de Mateo Pérez pide que alias ‘Chalá’ no quede libre tras su captura
La SIP señaló que Pérez Rueda cubría asuntos relacionados con corrupción y bandas delincuenciales, temas que exponen a los periodistas a riesgos en territorios afectados por la presencia de estructuras armadas.
Otro de los casos mencionados es el del periodista Cristian Herrera, quien murió en junio en Cúcuta, Norte de Santander, tras sufrir un ataque armado perpetrado por sicarios.
Herrera se desempeñaba desde 2019 como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en ese departamento y, desde 2025, integraba el Consejo Directivo de la organización. Días después del crimen, tres presuntos responsables fueron detenidos y judicializados por la Fiscalía, según el informe. Le puede interesar: Tres implicados irán a juicio por el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta
La SIP también recordó el caso de Jader Durango, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles, quien fue hallado muerto en junio en una carretera del departamento de Córdoba.
Publicidad
Asimismo, el 2 de octubre fue encontrado sin vida Julián Hincapié, líder y periodista comunitario de Anorí, Antioquia. Había sido reportado como desaparecido tres semanas antes.
En ambos casos, indicó el organismo, se desconocen los móviles de los hechos. Lea también: Hallan muerto a periodista que llevaba tres semanas desaparecido en Antioquia
Amenazas contra periodistas siguen siendo recurrentes
Además de los homicidios, la SIP alertó sobre la persistencia de amenazas contra periodistas en distintas regiones del país. Como ejemplo, mencionó el caso de cuatro comunicadores del municipio de Apartadó, Antioquia, quienes fueron amenazados por presuntos integrantes del Clan del Golfo.
Según el informe, los responsables les exigieron detener las publicaciones relacionadas con supuestas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad del municipio.
La situación de Antioquia también quedó reflejada en las cifras de la FLIP. Entre enero y el 1 de agosto de 2026, la organización registró 45 agresiones contra periodistas en ese departamento, que concentró el mayor número de casos durante ese periodo.
A estos hechos se suman las denuncias de trabajadores de Inravisión, el sistema de medios públicos de Colombia, por ataques digitales, amenazas y una campaña de desinformación dirigida contra la entidad y sus empleados.
Publicidad
La SIP alerta sobre fallas en la protección estatal
Para la Sociedad Interamericana de Prensa, estos hechos reflejan que la violencia continúa utilizándose como mecanismo para intimidar y silenciar a los medios y sus trabajadores, especialmente en las regiones.
El organismo también expresó preocupación por la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas contra periodistas y por las dificultades para garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa.
El informe advierte que los asesinatos, las intimidaciones y las agresiones digitales constituyen obstáculos para el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia, particularmente para quienes cubren asuntos sensibles en territorios afectados por la criminalidad y el conflicto armado.
