En días recientes, este diario preguntaba si el tranvía conviene al área metropolitana, tras el contrato de consultoría anunciado por la ministra de Transporte para estudiar —o quizá justificar— la aseveración presidencial de que este es el medio indicado para nuestra ciudad. Sorprende que la iniciativa provenga, una vez más, del Gobierno nacional, mientras las autoridades locales permanecen ausentes ante el problema de movilidad ciudadana. Una actitud que revive aquel principio astuto que ha hecho carrera entre nosotros: ¡hagámonos los pingos!
Las cifras son elocuentes: el 64,2 % de los vehículos matriculados en el área metropolitana son motocicletas. En total, 618.796 ruedan hoy por nuestras calles, es decir, una por cada dos habitantes. La moto se convirtió en el transporte universal, rápido, eficiente y económico, con el que muchos ahorran gastos y otros generan ingresos cercanos a 3,3 salarios mínimos. Su impacto en la dinámica urbana explica buena parte de la baja tasa de desempleo de Bucaramanga.
La moto se ha impuesto como respuesta inmediata a la congestión urbana y, en las áreas rurales, también sustituye al precario transporte público. Sin embargo, el costo social es altísimo. En 2017 se registraron 3.243 muertes de motociclistas en Colombia; en 2023, la cifra ascendió a 5.213. Hoy siete de cada diez accidentes involucran una moto. Más personas pierden la vida en siniestros viales que por hechos de inseguridad. A ello se suma la creciente informalidad y la piratería, que operan sin control y multiplican los riesgos para usuarios y peatones.
La discusión sobre el tranvía, o cualquier otra alternativa de transporte, requiere decisiones serias, sustentadas en estudios técnicos y en una planeación integral que ofrezca soluciones reales y sostenibles.
Mientras tanto, debemos aceptar que la presencia de motocicletas es irreversible. Se trata de un medio de gran popularidad que demanda que los diseños urbanísticos incluyan soluciones específicas para su circulación. Alentar la incorporación de vehículos de propulsión eléctrica mediante estímulos tributarios y definir carriles especiales que permitan controlar la velocidad y ofrecer mayor seguridad a los usuarios en las principales arterias es inaplazable. Bien valdría la pena replantear los carriles de Metrolínea —hoy subutilizados— para este propósito.
Es hora de dejar atrás la indiferencia y las argucias. Bucaramanga y el área metropolitana necesitan un sistema de transporte que ordene, formalice y garantice cobertura y eficiencia, al tiempo que consulte las realidades sociales y económicas de la población. De lo contrario, seguiremos atrapados entre el caos vial, el colapso de los servicios de salud y la pérdida de vidas, pagando caro la ausencia de políticas públicas coherentes y de visión de futuro.
