En Colombia, el derecho a la vivienda digna y adecuada está consagrado en la Constitución, pero su garantía efectiva sigue siendo una deuda histórica. Esta contradicción se manifiesta con especial crudeza en los asentamientos informales, donde miles de familias construyen hábitat en condiciones de precariedad, exclusión y resistencia.
El caso del Área Metropolitana de Bucaramanga —conformada por Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta— es ilustrativo. Esta conurbación ha generado una expansión urbana que desborda los límites administrativos, afectando directamente la gestión del territorio. Municipios como Lebrija, aunque no hacen parte formal del área metropolitana, participan activamente en sus dinámicas de urbanización y presión sobre el suelo. Esta realidad crea un vacío institucional que obstaculiza la atención integral al fenómeno de los asentamientos informales, y que solo podrá superarse con una figura de gobernanza más robusta, como la creación de un distrito especial metropolitano.
Los desalojos se ejecutan sin garantías, los procesos de legalización se fragmentan, y las comunidades quedan atrapadas entre jurisdicciones que se disputan competencias sin asumir responsabilidades. La vivienda digna se convierte así en una promesa abstracta, mientras la realidad territorial exige respuestas concretas.
Los asentamientos informales no son anomalías urbanas. Son espacios vivos de producción de hábitat, donde se condensan desigualdades estructurales y, al mismo tiempo, prácticas de autogestión, solidaridad y construcción de paz. Mujeres, campesinos, migrantes y desplazados han levantado barrios enteros con sus manos, sin respaldo institucional, pero con dignidad.
Desde esta tribuna, el llamado es claro: urge una gobernanza metropolitana del hábitat que reconozca estos territorios como parte legítima de la ciudad. Si no es bajo la figura del distrito especial, bien puede gestionarse desde el Área Metropolitana de Bucaramanga, articulando políticas públicas que garanticen seguridad de la tenencia, acceso a servicios, habitabilidad y adecuación cultural.
La vivienda no puede seguir siendo entendida como un sueño individual. La idea de que cada persona debe “ganarse” su vivienda como si fuera una meta personal ignora las condiciones estructurales que obligan a miles de familias a vivir en asentamientos informales. En contextos de pobreza, desplazamiento y exclusión, la vivienda no es una recompensa, sino una necesidad básica que debe ser garantizada colectivamente. Pensar la vivienda como un derecho implica reconocer que su acceso no puede depender únicamente del esfuerzo individual, sino de políticas públicas integrales, planificación territorial justa y voluntad política para incluir a quienes históricamente han sido marginados.
El primer paso: reconocer los “barrios en consolidación urbana” o “hábitats emergentes” como parte del territorio para transformar la exclusión en inclusión. La ciudadanía, las comunidades locales, las universidades, los medios de comunicación y los colectivos sociales tienen un papel fundamental en la tarea. La vivienda digna no puede esperar más.
