Posturas libertarias devenidas del neoliberalismo, argumentan que la salud es responsabilidad individual y no un derecho fundamental. Pretenden eliminar las obligaciones solidarias del Estado y de terceros, excluyendo modelos de prevención, acceso universal y financiación equitativa. En Colombia, aunque la salud está reconocida como derecho fundamental y constitucional, la Ley 100 de 1993 con enfoque neoliberal y defendida por algunos congresistas y medios corporativos, contradice estos principios.
No basta con escribir buenas intenciones en la norma si el modelo económico está sustentado en la enfermedad como mercancía. La ley 100 propuso acceso universal, significa que todo residente reciba atención oportuna sin barreras económicas o geográficas lo cual no se cumplió, ya por distribución inapropiada de talento humano e infraestructura precaria en las regiones, ya por tiempos de espera eternos y barreras administrativas (autorizaciones), ya por redes de prestadores (IPSs) inalcanzables, ya por opacidad en la contratación. Si quisiéramos medir si la atención en el modelo actual es segura, efectiva y centrada en el paciente como ordenan los cánones, encontraríamos que las tasas de infección hospitalaria, la mortalidad evitable y la iatrogenia dan números vergonzosos porque predomina el negocio sobre la calidad. Se debate sobre la suficiencia de la UPC, y aunque existen métodos certeros para calcularla, las EPS no reportan información fiable por razones comerciales. En 1992 se destinó a salud el 2.5% del PIB con una inflación del 23%, mientras que en 2025 será 8.7% con inflación menor al 5% orientándonos a que el tema no solo es de dinero. La integración vertical, contratación irregular e ineficiencia provocan fuga de recursos. La continuidad en el tratamiento de enfermedades crónicas y la integración entre niveles de atención que permitan una atención desde la promoción hasta cuidados paliativos es de vergüenza. Por falta de espacio no abordo aquí temas como el negocio que lleva al encarnizamiento terapéutico, ni los temas de equidad territorial o participación y veedurías ciudadanas.
Un sistema de salud no se mide solo en cifras, se mide en historias. La del abuelo que encuentra un médico dispuesto a escucharlo y no a despacharlo. Ahí está la verdad: en la vida concreta de la gente.
La reforma al sistema de salud sobre la base del derecho fundamental y no de los enfermos como mercancía, es indispensable y justificada, obstruirla es una canallada, dado que es obvio el fracaso del sistema actual, podrido porque lo motiva el negocio y la insolidaridad que incentivan la corrupción en todos los actores del sistema.
