En 1997, el Congreso ecuatoriano destituyó al presidente Abdalá Bucaram Ortiz alegando “incapacidad mental para gobernar”. La decisión se basó en comportamientos poco convencionales, discursos populistas y un estilo que, según los opositores, lo hacía parecer más un “payaso que un serio presidente”. Al observar la situación actual en Colombia, vale la pena preguntarse si se están repitiendo ciertos patrones.
El presidente Gustavo Petro ha tenido comportamientos que muchos han calificado de inusuales. Ejemplos: su desaparición en Panamá y su extravío en Manta, Ecuador, han generado confusión. A esto se suman afirmaciones desconcertantes, como cuando dijo que si se le quita la “i” a “ilícito”, queda “lícito”. Estas declaraciones, que muchos han comparado con las del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien afirmaba recibir mensajes de un pajarito, socavan la seriedad de su cargo.
Sus discursos a menudo se perciben como “populistas y confrontacionales”. Es común que cada intervención sea un ataque contra un sector específico, como la justicia, a la que critica por no fallar a su favor, o los productores nacionales, a quienes acusa de explotar a los trabajadores como esclavistas. Esta retórica constante ha erosionado la confianza, llevando a la ciudadanía a dudar de sus palabras.
La gestión del gobierno se ha visto afectada por el desorden. Ha intentado imponer reformas drásticas, como la pensional, pero las Altas Cortes han evitado un descalabro mayor. La reforma laboral fue modificada por el Senado para evitar la pérdida masiva de empleos que habría causado el borrador original elaborado por “los dos sindicalistas más radicales del país” en el Ministerio del Trabajo.
A esto se suman graves denuncias de corrupción. Casos como las “bolsas de dinero”, el escándalo de los carrotanques, las investigaciones sobre los gastos de su campaña electoral, las actuaciones de algunos familiares y sus presuntas relaciones con dineros del narcotráfico, plantean serias dudas sobre la transparencia de la administración.
Además, un gobierno que ha tenido 52 ministros en solo tres años demuestra una falta de estabilidad y un manejo errático del Estado.
Las relaciones con Estados Unidos también han sufrido un deterioro: la negativa a recibir a los deportados colombianos y descertificación han generado problemas para el país: el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, que podría dejar helicópteros en tierra por la falta de apoyo estadounidense, es una consecuencia alarmante que beneficia indirectamente a los grupos guerrilleros.
Los comportamientos erráticos, la retórica divisiva y la falta de control en la gestión pública son indicadores que nos obligan a reflexionar sobre el rumbo del país. Considerando estos hechos, ¿qué más se necesita para argumentar una “incapacidad mental para gobernar”?
