En Francia, un riguroso informe elaborado por una comisión de pedagogos, neurólogos, psiquiatras y epidemiólogos acaba de confirmar lo que muchos intuíamos: la exposición masiva, precoz y desregulada de niños y adolescentes a las pantallas constituye un reto mayor de salud pública. No se trata de alarmismo, sino de evidencia científica. La falta de sueño, la miopía creciente, la obesidad asociada al sedentarismo, los problemas de lenguaje, las adicciones digitales y las crisis de salud mental en la adolescencia son síntomas de un fenómeno que avanza más rápido que la capacidad de reacción de los Estados.
El informe, adoptado como política de Estado, plantea que no basta con advertir a las familias ni con delegarles toda la responsabilidad. Se trata de un desafío colectivo que requiere regulaciones claras a las plataformas, estrategias educativas sostenidas y un compromiso social de largo aliento que busque proteger más que controlar. Se establece una progresión en el uso de las pantallas: los niños menores de seis años deben estar resguardados de la sobreexposición; el acceso a redes sociales éticas solo a partir de los quince; antes de los once años ningún teléfono; entre los once y trece, únicamente teléfono sin conexión a internet; y hasta los quince, sin acceso a redes sociales. En suma, una política pública que incluye mejores herramientas de formación y acompañamiento para padres y docentes, y la puesta en marcha de un dispositivo ambicioso de gobernanza para una estrategia nacional coherente y duradera.
La advertencia es clara: estamos ante un problema que compromete el desarrollo humano y la democracia. Y aunque los riesgos son evidentes, también lo son las oportunidades: lo digital puede enriquecer la vida de los niños siempre que se utilice con sentido, equilibrio y acompañamiento. Se debe preparar seriamente a los jóvenes para garantizar su autonomía frente a las pantallas y facilitarles que encuentren su lugar en la vida colectiva.
Colombia debe tomarse en serio este reto. Es hora de que el gobierno, el Congreso, las instituciones educativas, las familias y la sociedad en general comprendamos que este no es un asunto accesorio ni de moda, sino un tema crucial para la salud pública y la construcción de ciudadanía. Regular con firmeza, educar con criterio y ofrecer alternativas de calidad al tiempo de pantalla es una inversión que se traducirá en generaciones más sanas, creativas y libres.
La infancia no puede esperar. Mientras nos consumimos en disputas dañinas, las pantallas siguen moldeando —en esa misma dirección— el cuerpo y el espíritu de quienes deberían estar soñando y construyendo un mejor futuro.
