En Colombia solemos medir la justicia con un metro oxidado: cárcel o impunidad.
Todo lo demás genera sospecha. Por eso, cuando la JEP dictó sus sentencias más emblemáticas, la pregunta fue inmediata: ¿Y la restricción de la libertad?
Es cierto, los máximos responsables de las FARC no pisaron cárcel, y resulta irritante que algunos ejerzan cargos públicos mientras las víctimas reclaman restauración. Pero quedarse en esa indignación es olvidar lo esencial: por primera vez en nuestra historia, quienes desafiaron al Estado por más de medio siglo se sometieron a la justicia. Ni la justicia ordinaria, ni los operativos militares, ni la presión internacional habían conseguido tanto.
En la sentencia de las FARC se habló de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Nadie se sorprendió con la descripción de los horrores. Lo novedoso fue ver a los máximos responsables reconociendo públicamente sus crímenes. Y eso, aunque no tenga cárcel, pesa en la memoria histórica.
La justicia restaurativa no quedó solo en el discurso: la sentencia impuso ocho años de sanción propia que combina restricción efectiva de la libertad con lo restaurativo mediante actividades como búsqueda de desaparecidos, recuperación ambiental, proyectos de memoria y acciones de reparación simbólica. El desafío, sin embargo, está en la ejecución por la falta claridad sobre cronograma, recursos y mecanismos de seguimiento que garanticen estas obligaciones en beneficio real de las víctimas.
El contraste se ve con la otra gran sentencia: la de los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales. Allí hubo restricción efectiva de la libertad, trabajos restaurativos definidos y, sobre todo, aportes de verdad que desmontaron viejas negaciones: reconocieron que estos crímenes fueron sistemáticos, que existieron alianzas con paramilitares y que las víctimas eran civiles inocentes presentados ilegítimamente como bajas en combate. La diferencia es que muchos ya habían estado presos y entendieron mejor el valor de aceptar. Estas víctimas, aunque no plenamente satisfechas, han percibido mayor sinceridad.
La paradoja es irresistible: pedimos durante décadas que los jefes guerrilleros respondieran ante la justicia, y ahora que lo hicieron decimos que no basta.
Ningún proceso de paz ha terminado con insurgentes en celdas comunes; lo excepcional es que aquí aceptaron crímenes internacionales. La sentencia a los militares, aunque tampoco perfecta, fue más clara en lo restaurativo y muestra que la JEP aún debe afinar su rumbo.
Reducir todo a que ‘no hubo cárcel’ es simplista. La JEP, con sus imperfecciones, ya es un hito histórico: convirtió atrocidades en sentencias y abrió un camino de verdad y restauración. El reto es que las próximas decisiones concreten cómo se ejecutara lo restrictivo y como se cumplirá lo restaurativo, para honrar realmente a las víctimas y que la justicia transicional no se reduzca a una promesa incumplida.
