Lo que ocurre hoy en la Nueva EPS no es una sorpresa, sino la culminación de una crisis anunciada, gestada durante años por negligencias, irregularidades y ausencia de controles efectivos. En este sentido, hablar de responsabilidad no es solo buscar culpables, sino exigir mecanismos, decisiones y acciones que eviten que los más afectados sigan siendo los usuarios, los pacientes y los hospitales.
La magnitud del problema es inquietante: la Nueva EPS tiene más de 11 millones de afiliados, es decir, cerca del 21,5 % de la población colombiana. Además, en el informe de Las 1.000 Empresas Más Grandes de Colombia 2023, se ubicó como la quinta compañía con mayores ingresos operacionales, solo detrás de gigantes como Ecopetrol, Terpel, Avianca y Reficar.
Lo más desconcertante es que, pese a estar intervenida desde abril de 2024, no se han visto avances significativos. En poco más de un año ha tenido tres interventores, sin que exista un rumbo claro ni una estrategia sostenida para revertir la crisis. La intervención, que debía ser un punto de inflexión, no ha logrado contener el deterioro y hoy la entidad continúa a la deriva.
Mientras tanto, la situación financiera se agrava. Las deudas con hospitales y clínicas públicas no dejan de crecer. En Santander, donde la Nueva EPS concentra cerca de 1,2 millones de afiliados, la red hospitalaria pública reporta una cartera morosa de 750.000 millones de pesos, poniendo en riesgo la atención de miles de pacientes.
A este panorama se suman las denuncias de los entes de control y las recientes revelaciones de la revista Cambio, que citan un expediente en poder de la Fiscalía.
Según la información publicada, existen testimonios y documentos que evidencian prácticas graves: concentración de contratos, discrecionalidad en la gestión, ocultamiento de facturas, manipulación de balances, deudas no reconocidas y anticipos sin legalizar. Un cóctel de irregularidades que compromete no solo la estabilidad de la EPS más grande del país, sino también la salud de millones de colombianos.
Frente a esta realidad, es válido preguntarse: ¿qué ha fallado? En lo estructural, una supervisión débil que permitió acumular deudas y no depurar pasivos. En lo político, una intervención sin continuidad. En lo administrativo, la ausencia de un plan claro con metas verificables. Y en lo humano, la incertidumbre y el sufrimiento de millones de personas que hoy enfrentan la negación o suspensión de servicios básicos de salud.
Por ello, no basta con señalar irregularidades: debe haber consecuencias judiciales, pero también un liderazgo serio, estable y responsable, que permita una transición real hacia un modelo de atención que priorice la salud de los pacientes, sane las finanzas y garantice transparencia en el manejo de los recursos.
La crisis de la Nueva EPS es la historia de una muerte anunciada, porque durante años se toleraron incumplimientos y faltó control. Detenerla no es sencillo, pero puede ser la oportunidad para reconstruir un sistema de salud digno, que asegure que los recursos lleguen a quienes prestan los servicios y que los pacientes reciban lo que merecen.
