El desarrollo tiene anclaje en el territorio. Es elemental que tenga en cuenta sus atributos, vocación y las aspiraciones de la población. En este sentido, el Foro Académico EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de Barichara, llevado a cabo el pasado 21 de septiembre, es un ejemplo a seguir sobre cómo pensar el desarrollo. Gracias a organizaciones como el Colectivo Meseta, la Fundación Barichara Regenerativa, la UNAB y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con el respaldo de la alcaldía, se generó un espacio incluyente para conversar sobre la gestión del agua, la gentrificación, los paisajes, la especulación inmobiliaria, etc. Son los ciudadanos y múltiples actores quienes conversan sobre cómo ordenar el territorio.
Sin embargo, este ejemplo es poco común en el departamento. Según cifras de la Fundación Planifica Colombia, el 73% de los 74 municipios bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander (CAS) no cuentan con instrumentos de planificación actualizados y mucho menos basados en procesos participativos, como está ocurriendo en Barichara. Cuando no hay reglas claras sobre el uso y aprovechamiento del suelo impera el caos, el interés particular y la ilegalidad.
Mientras se logra generar consciencia local para ordenar el territorio, hay un actor que viene imponiendo normas con bastante efectividad, pero con nula o poca participación de los propios habitantes: el gobierno nacional. Se estima que el 89% del territorio de Santander presenta afectaciones de frontera agrícola, áreas protegidas, Reservas Temporales y Zonas de Protección para Producción de Alimentos (ZPPA). Estas últimas son una figura a través de la cual se busca estudiar la vocación del suelo para determinar si es objeto de una APPA (Área de Protección para la Producción de Alimentos), y por lo tanto desde el gobierno nacional se determinaría la vocación agroalimentaria de dicha zona. Será causal de extinción de dominio en caso en que no se cumpla a cabalidad con lo dispuesto por la nación. De esta manera, no solo se ponen en entredicho las competencias de los municipios sino también la voz de las comunidades.
La próxima semana habrá una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional sobre el futuro jurídico de las APPA. ¿Realmente con esta figura se garantizará la alimentación de la población? ¿Cuántas APPA se necesitan para eliminar el hambre? ¿La nación estaría usurpando competencias de los gobiernos locales? Ojalá este debate sea aprovechado no solo para determinar la constitucionalidad de las APPA sino también para exigir una evaluación rigurosa de estos esquemas. Pretender que la expedición de normas soluciona los problemas, desconociendo a las comunidades y las particularidades de los territorios, es querer tapar el sol con un dedo. Ojalá vengan más ejercicios participativos como los de Barichara, y menos imposiciones desde Bogotá.
